De acuerdo con el proyecto de ley de Presupuesto 2023, enviado por el Gobierno a la Legislatura, las transferencias para la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSA) ascenderán a más de $3700 millones. El organismo está a cargo de Alberto Castillo, lider del sector autodenominado como “la línea PRO del Grand Bourg”.
REMSA podría recibir casi 4 mil millones de pesos. Un monto superior al previsto para Aguas del Norte o Salta Forestal, ambas sociedades con participación del Estado.
Se trata de una suma ampliamente significativa de los fondos destinados en relación a los designados para Salta Forestal ($160.223.177), Aguas del Norte ($1.200.000.000), el Nodo Logístico y Puerto Seco Multimodal de General Güemes ($59.000.000) o la Asistencia a Estudiantes ($6.511.005.922).
Al mismo tiempo, los $3.711.339.909 que se destinarían a REMSA superan a transferencias en concepto de “Asistencia a Otras Políticas Sociales” ($2.893.079.760), para el Traslado de Personal Policial y Penitenciario y también al Subsidio al Transporte ($3.652.775.237), estas últimas que forman parte de los fondos para SAETA ($16.078.978.882).
Con la minería en plena expansión y un ínfimo canon minero para las arcas provinciales, un aumento por encima de la inflación, incluso tendría sentido, siempre y cuando la empresa estatal lleve adelante una surpelativa actividad, sin embargo, por ahora solo se vio que REMSA interviene en cuestiones menores como la construcción de una canchita de fútbol para villa San Antonio.
No son pocos los malpensados que suponen que una buena porción de esas partidas económicas incorporadas en la «ley de leyes» para el año próximo se destinarían a fines más bien publicitarios en un año marcado por el elevado costo de las campañas electorales.
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