Amplían denuncias por recetas truchas y falsas prestaciones a jubilados. Los perjuicios ya se estiman en $2.000 millones.
Empiezan a dictarse procesamientos.
La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de delitos cometidos contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, recibió en los últimos días nuevos informes sobre los alcances de las millonarias defraudaciones cometidas con recetas apócrifas, troqueles falsos, reventas ilegales de medicamentos y falsas prestaciones facturadas a nombre de afiliados fallecidos.
Por las maniobras, en las que hay implicados funcionarios y empleados de la obra social de los jubilados, profesionales de la salud y empresarios del sector farmacéutico, se abrieron causas en Salta y otras nueve provincias.
Ampliación de denuncias
El fiscal Javier Arzubi Calvo, titular de la UFI Pami, adelantó a El Tribuno que en los próximos días ampliará denuncias, en diferentes sedes judiciales, por los fraudes que siguen destapado las auditorías.
El monto global de las estafas, que se reiteraron en los últimos cinco años por negligencia y complicidad en los registros y controles, ya se estima en más de $2.000 millones. Por el momento, sin embargo, las fiscalías y juzgados federales tienen acreditadas estafas por $40 millones en las que se usaron los datos de 1.133 jubilados fallecidos.
“Las cifras del daño patrimonial crecen sin parar, porque las diferentes modalidades de fraude han sido, desgraciadamente, una constante”, remarcó Arzubi, quien días atrás recibió dos informes. Uno fue girado a su despacho por áreas de control del PAMI, que documentaron un considerable número de estafas prestacionales que se remontan hasta 2013.
El otro informe fue remitido por Farmalink, una firma que audita la dispensación de medicamentos ambulatorios en las farmacias para obras sociales y empresas de medicina prepaga, y que puso a la UFI PAMI en conocimiento de otra significativa cantidad de recetas expedidas con troqueles falsificados. “Ante los presuntos ilícitos expuestos en ambos informes, hemos iniciado una investigación preliminar y esperamos tenerla concluida en los próximos días para ampliar las denuncias en las fiscalías y juzgados federales correspondientes”, anticipó Arzubi, quien en Salta acompañó al fiscal Ricardo Toranzos en la investigación del sonado caso de los bioquímicos. La causa tendría resuelta antes de fin de mes la situación procesal de los dos médicos y los cuatro bioquímicos imputados por presuntas defraudaciones al PAMI que, solo en 2016, habrían rozado los $3 millones.
Resolución inminente
Según fuentes judiciales, la resolución del juez federal jujeño que dirige la instrucción, Wenceslao Cardozo, podría conocerse en dos semanas.
Tras los allanamientos concretados en marzo último en consultorios de la capital salteña, el juez subrogante avanzó con las indagatorias, una larga ronda de testimoniales y otras medidas de prueba que requirió la Fiscalía, por lo que es inminente el dictado de la resolución con la que el magistrado actuante decidirá si procesa, sobresee o dicta faltas de mérito para los profesionales implicados.
Los médicos Augusto Saúl Sasso y Víctor Canelada y los bioquímicos Enrique Bardi, Silvina Díaz, Osvaldo Miranda y María Elena Almendros fueron imputados por presuntas facturaciones de estudios bioquímicos a afiliados fallecidos y de otras prácticas que se presumieron no prestadas o sobrefacturadas.
La causa se abrió por una denuncia de la Asociación Bioquímica de Salta. En su defensa, los profesionales imputados negaron los ilícitos por los que se los acusó y vincularon la presentación de la entidad a enfrentamientos internos y supuestos enconos de la conducción que preside Ricardo Buttazzoni.
Fuente: Antonio Oieni El Tribuno