Mientras gobernadores se mostraron con la CGT para frenar la reforma laboral, Gustavo Sáenz eligió otro camino: alinearse con Javier Milei y poner a Salta del lado del ajuste, la precarización y la pérdida de recursos.
En la antesala de las sesiones clave en el Congreso, donde se definirá, entre otras cosas, el futuro de la reforma laboral y la ley de Glaciares, varios gobernadores decidieron reunirse con las centrales obreras. Escucharon a la CGT y coincidieron en un punto básico: avanzar en una reforma laboral de este calibre implica dinamitar derechos históricos y encender un conflicto social de magnitud. Gustavo Sáenz prefirió otro camino.
Hubo fotos, reuniones y compromisos explícitos. Gobernadores peronistas entendieron que, aun con matices, el límite estaba claro. La eliminación de convenios colectivos, el vaciamiento de las paritarias y la legalización de la precarización no pasan inadvertidas para quienes todavía necesitan sostener algún vínculo con el mundo del trabajo.
El gobernador Gustavo Sáenz, en cambio, optó por otro libreto. Mientras dejaba trascender versiones sobre supuestos encuentros con sindicatos en Salta, su verdadero gesto político fue hacia la Casa Rosada. Lejos de cualquier intento de mediación o defensa de los trabajadores, el gobernador se puso a disposición del proyecto de Javier Milei, aun cuando ese proyecto choca de frente con los intereses de la mayoría de los salteños.
No es la primera vez. La historia reciente muestra a un Sáenz que promete diálogo puertas adentro y disciplina absoluta puertas afuera. Sus legisladores, una vez más, están listos para levantar la mano en el Congreso y acompañar la voluntad del Gobierno nacional, incluso cuando eso implica votar contra los trabajadores que dicen representar.
Un ejemplo de ello fue la primera votación de la senadora nacional Flavia Royón. La dirigenta lanzó su campaña en la universidad pública salteña, diciendo que la iba a defenderla, pero a la primera oportunidad le dio la espalda y votó en contra de su financiamiento.
La reforma laboral no solo avanza sobre derechos básicos, sino que además tendría un impacto directo en los recursos que recibe la provincia. Menos coparticipación, menos margen fiscal y más dependencia de un poder central que no se caracteriza, precisamente, por la generosidad con las provincias.