En el marco de la 19° Sesión Ordinaria, se aprobó ayer en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley proveniente del Ejecutivo provincial para modificar el artículo 34 de la Ley 7141 de Procedimientos Mineros de la provincia de Salta.
La modificación en cuestión, sostuvo el diputado quijaneño Lino Yonar, presidente de la Comisión de Minería, Transporte y Comunicaciones, apuntaría a “agilizar los tiempos” administrativos para las empresas mineras que buscan explotar recursos salteños y, con ello, fomentar la actividad.
En concreto, se busca que los informes de Impacto Ambiental y Social se presenten ya no en el Juzgado de Minas, actual órgano de control, sino en la misma Secretaría de Minería, desde donde se deberá realizar las observaciones correspondientes. En tal sentido, el Diputado aseguró que los informes llegan desde el Juzgado de Minas “sin ningún tipo de agregado y de manera directa a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Minería”.
Cabe recordar que solo en octubre pasado, desde el Ejecutivo daban a conocer un trabajo en articulación con el Juzgado de Minas a fin de “incrementar la fiscalización en las áreas mineras”, que incluyó la elaboración de un Protocolo de Inspección Minero. De hecho, la propia jueza de Minas María Victoria Mosmann aseguró en ese momento que en los últimos cuatro años “el trabajo creció entre un 60% y un 70%”.
Así las cosas, y con la aclaración del Diputado informante respecto a que “los titulares de los derechos mineros deberán dar cumplimiento a los requisitos en materia de protección ambiental”, no escapó al análisis de sus pares la preocupación por la preservación de un ambiente sano.
“Estamos en pleno invierno y tenemos casi 30 grados de temperatura”, advirtió el diputado por el departamento San Martín, Santiago Vargas, quien pidió que se modifique la no vinculación del informe que debe expedir la Secretaría de Ambiente. “Nos parece importante que la Secretaría de Minería tenga un contralor”, dijo.
Misma postura adoptó su par por el departamento Los Andes, Azucena Salva, para quien resulta fundamental “que tengamos una mirada realista del futuro”. “Estamos en un proceso de cambio climático que ya estamos viviendo. Debemos ser responsables y los pueblos tenemos que velar por nuestros recursos y riquezas ambientales”, subrayó y acompañó el pedido de Vargas.
Por su parte, el diputado Roque Cornejo acompañó las modificaciones requeridas y solicitó que se agregue el acceso vía web, para cualquier ciudadano, a los informes de Impacto Ambiental y Social.
Fue el diputado Daniel Sansone quien remarcó la necesidad de contar con la opinión de la Jueza de Minas. Además, destacó la importancia de agudizar los controles, considerando, especialmente, que “es más fácil hacer lobby en una secretaría que en la justicia”.
A su turno, el diputado por San Martín, Jorge Restom, acompañó la preocupación de sus pares haciendo hincapié en las consecuencias del cambio climático que ya afectan al mundo entero y las solicitudes de modificaciones. “No queremos ser socios y condenar a nuestra población a seguir viviendo sin un cuidado del medio ambiente”, alegó solicitando que también que el informe de Ambiente sea vinculante y que la población “se pueda expresar”.
Pese a todo, las solicitudes de modificación fueron rechazadas, aun cuando se asegura que se busca dar mayor participación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, organismo al cual se solicitó, sin embargo, mayor responsabilidad. La decisión llevó a la abstención de los diputados Jorgelina Juárez y Jorge Restom. Cabe remarcar la seria denuncia que este último realizó ante sus pares: “Muchas veces, en el departamento San Martín, hemos visto derramamiento de petróleo en muchos afluentes locales de agua destinada al consumo humano y nunca nadie se hizo cargo”.