La cartera todavía no entregó la documentación requerida para explicar las más de 300 designaciones vinculadas a la cuestionada Escuela 7160. La denunciante aportó nuevos elementos y pidió que se audite el sistema.
La investigación por la denominada “Escuela fantasma” de Salta avanza, pero a medias. Mientras la denunciante, la docente Celia Alancay, ratificó la denuncia y la amplió, aportando nuevos elementos, desde el Ministerio de Educación todavía no aportó ninguna de la documentación requerida por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, a pesar de haber sido requerida el 20 de agosto pasado. La fiscal quiere saber cómo se dieron los más de 300 cargos que aparecen vinculados a la Unidad Educativa 7160, qué cargos fueron creados, quiénes fueron designados y bajo qué actos administrativos.
En ese contexto, Celia Alancay ratificó la denuncia y volvió a presentarse ante la Fiscalía. Pero, según dijo a Opinorte, su presentación no terminó allí: también amplió el planteo y pidió que se incorpore documentación que considera indispensable para reconstruir el circuito administrativo de las designaciones.
“Ratifiqué la denuncia a la ministra Cristina Fiore y al secretario de Gestión, Alejandro William Becker”, relató Alancay a Opinorte. Y agregó que durante esa instancia pudo realizar una ampliación, a partir de las preguntas que le formularon desde la Fiscalía: “Yo agregué el pedido de las actas institucionales, de los cuadernos de actuación, de las planillas PDF, de las designaciones, tirillas, todo el acto administrativo correspondiente para acceder a un cargo docente”.
La importancia de esos documentos radica justamente en que permitirían pasar de las planillas y señalamientos públicos a la reconstrucción concreta de cómo se produjeron las designaciones. Es decir, determinar qué acto administrativo respaldó cada nombramiento y cuál fue el recorrido de esos cargos dentro de la estructura educativa.
La denuncia original ya había puesto bajo la lupa una nómina de más de 300 personas vinculadas con la Unidad 7160, mientras que desde el Gobierno se sostuvo que no existen “cargos truchos” y que se trata de “partidas que pueden ser reutilizadas y reasignadas”.
Según Alancay, durante la audiencia también se produjo un dato que considera relevante para la investigación: “Se lo escuchó al ayudante del fiscal reconocer que no existe la escuela”. A partir de esa situación, sostuvo, se pidió que fueran citados tres testigos vinculados directamente con el Ministerio de Educación: “Se la nombró a la profesora Quirós, que sería de la Junta Calificadora de Mérito y Disciplina de Nivel Secundario, a la profesora Andrea Gómez, del nivel primario del Ministerio de Educación, y a un director de Personal dentro del Ministerio de Educación, con más de 20 años siendo director de Personal, conociendo la acción administrativa”.
La denunciante pretende que esos testimonios permitan establecer si la utilización de la Unidad 7160 y el mecanismo de distribución de cargos se ajustan efectivamente a la normativa vigente. “Para que le tomen testimonio, si corresponde o no corresponde, dentro de lo que dicta el reglamento general de escuela y dentro de las normativas, dentro del Reglamento 6830”, explicó.
Pero el punto que, según Alancay, mantiene frenada la posibilidad de avanzar con sus propias pruebas es otro: la documentación que debería aportar el Ministerio. “Nada más se pudo hacer porque la ministra de Educación no ha elevado más actuaciones, no hubo más presentaciones de nada, ninguna documentación como para que yo también pueda presentar las pruebas correspondientes”, afirmó.
El planteo vuelve a colocar el foco sobre una cuestión que ya había sido señalada cuando se conoció que la fiscalía había requerido información al Ministerio: la investigación necesita acceder a los documentos oficiales para poder contrastar las explicaciones de la cartera educativa con los registros administrativos.
Auditoría urgente en Educación
Alancay, además, reclamó que la investigación no se limite al papel y avance sobre el propio sistema donde se registran las designaciones. “Sería interesante de que se ejecute ya una auditoría, porque tengo por conocimiento y de personas dentro del Ministerio de Educación, como los diferentes lugares donde se encuentran algunas de las planillas, que hay movimientos, y algunos hasta renunciaron al cargo de la 7160”, aseguró.
La docente sostiene que esa situación hace todavía más importante que la documentación sea preservada y revisada antes de que pueda ser modificada. “Esperamos que respondan, porque nosotros también queremos presentar nuestras pruebas, pero no se puede si ellos no presentan la documentación”, señaló. Y fue todavía más explícita: “Es fácil presentar todo y después ellos salgan a subsanar o a tapar esa irregularidad”.
La frase constituye, por ahora, una acusación de la denunciante y deberá ser contrastada por la investigación judicial. Lo concreto es que Alancay pide que el expediente avance sobre los registros administrativos, las planillas, los actos de designación y el sistema utilizado por Educación, mientras la propia cartera sostiene que la Unidad 7160 forma parte de una estructura administrativa que permite redistribuir cargos según las necesidades del sistema. La Justicia deberá determinar cuál de esas explicaciones se corresponde con la documentación oficial.
Por eso, Alancay reclama que las próximas medidas sean más concretas: “Esperemos que también pidan, en carácter de urgente, un allanamiento o una auditoría, y todavía también un análisis del sistema”. Y cerró con un pedido claro: “Esperemos que la Justicia sea imparcial y que nos permita llegar a la verdad, porque la verdad está tan visible en la sociedad, tan visible en la administración pública y muy visible en la docencia, que conoce cuál es la realidad en la provincia”.