El litio se presenta como un mineral imprescindible para el almacenamiento de energía. Su demanda crece a medida que se masifican las nuevas tecnologías presentado oportunidades de desarrollo para países como Argentina, que concentra una de las mayores reservas a nivel mundial, junto a Bolivia y Chile. Por Lautaro Inti Ghezan(*)
Si bien el Litio es un mneral conocido y utilizado desde hace tiempo, la aceleración de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación ha masificado el uso de equipos electrónicos que utilizan baterías de litio para almacenar energía. Más aún, si miramos en prospectiva, la reconversión de la industria automotriz hacia la producción de autos eléctricos, auspicia un aumento de la demanda de litio en forma exponencial en las próximas décadas, siempre y cuando el mineral no sea reemplazado por otra tecnología más eficiente para el almacenamiento de energía.
Argentina, junto con Chile y Bolivia, comparten el denominado “triángulo del litio”, una región del altiplano andino que concentra las mayores reservas mundiales del mineral. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (US Geological Survey, USGS), en el año 2019 los tres países concentraron 47 millones sobre un total de 80 millones de toneladas, representando aproximadamente un 60% de las reservas identificadas en todo el mundo.
Sin embargo, la existencia de importantes recursos naturales no garantizará por sí solo el desarrollo industrial. El marco normativo vigente en Argentina limita la capacidad estratégica del estado para intervenir en los eslabones de la cadena de valor de la industria del litio, desde la extracción del mineral, hasta la producción en serie de baterías. Estas limitaciones se plantean no sólo en términos económicos, sino también en la posibilidad cierta de que el país se posicione como un actor de peso en una actividad industrial con alto contenido tecnológico y grandes perspectivas de desarrollo en el mediano y largo plazo, evitando caer en la mera exportación de la materia prima.
La legislación nacional tiene como elementos regulatorios para la explotación del Litio, el artículo 124º de la Constitución Nacional; la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras; y el Código de Minería. La Constitución Nacional otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en su territorio, facultándolas para dictar las normas que regulen la actividad extractiva. El Código de Minería de la Argentina reformado en 1997, otorga al Estado derechos soberanos y jurisdiccionales, pero no le permite explorar ni disponer de los recursos, posibilitando a los particulares a explorar minas, aprovecharlas y disponer de ellas como sus dueños. En este sentido, los minerales no son tratados como un bien público sino que los mismos pueden ser aprovechados por sus descubridores, a quienes el Estado tiene la potestad para realizarles concesiones. Por último, la Ley de Inversiones Mineras, sancionada en 1993, otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años a las empresas del sector, y da importantes beneficios impositivos para el desarrollo de la actividad.
Sin embargo, al darle el mismo tratamiento que al resto de los minerales, Argentina permite a las grandes empresas explotar libremente los recursos sin aplicar otras reglas que las de su seguridad, policía y conservación del ambiente según lo establece el código de minería, incentivando a las empresas a exportar la materia prima hacia otros países con otro tipo de ventajas competitivas para procesar e industrializar el Litio. En cambio, Bolivia y Chile le dan al Litio un trato diferencial del resto de los minerales al declararlo como mineral estratégico y no concesionable. Bolivia decidió reservar para el Estado nacional la explotación de los salares, así como la industrialización y comercialización de sus recursos. Chile, por su parte, reservó en 1979 el litio para el Estado, luego de haber declarado el carácter estratégico del recurso para su uso nuclear, quedando exceptuado de esta restricción las concesiones otorgadas con anterioridad.
Un caso paradigmático dentro de Argentina es el caso de la provincia de Jujuy que ha adoptado mecanismos que aseguran mejores condiciones de apropiación de la renta minera y desarrollo tecnológico industrial del Litio. El marco normativo para avanzar en dicha dirección quedó establecido en el Decreto-Acuerdo Nº 7592, que declara las reservas minerales de Litio como recurso estratégico y crea un “Comité de Expertos para el análisis integral de proyectos de litio”. Asimismo, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7626 del Poder Ejecutivo, creó la empresa provincial JEMSE, negociando una participación accionaria de 8,5% en las empresas que operan los salares y obteniendo la prioridad de venta sobre una cuota del 5% del carbonato de litio producido. Las acciones establecidas permitieron a la provincia generar instrumentos para negociar la implementación de actividades productivas para agregar valor a la materia prima. Un ejemplo es el acuerdo firmado entre JEMPSE con el grupo italiano SERI para avanzar en la construcción de una planta de ensamblado de baterías de ion-litio en la provincia. Adicionalmente en materia de ciencia y tecnología se creó en 2017 el Instituto del Litio, organismo dependiente del CONICET, de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) y del gobierno de la provincia de Jujuy dedicado a la investigación y desarrollo, la formación de recursos humanos y tareas de transferencia tecnológica en los ámbitos de extracción e industrialización de recursos extraídos de los salares.
El esquema regulatorio establecido en el país y particularmente en las provincias de Salta y Catamarca deja en evidencia las condiciones estructurales que incentivan el establecimiento de un sector minero extractivo transnacional que deja escaso margen de maniobra local para generar valor agregado a la materia prima y desarrollo económico para la región y el país. No es casualidad que de los 20 proyectos avanzados en extracción de Litio en Argentina 12 se encuentren localizados en la provincia de Salta.
Las condiciones geográficas y naturales están dadas para planificar un desarrollo exponencial de la industria del litio, que no solo contemple su explotación sino también la consecuente cadena de valor. No obstante es imperioso pensar políticas sectoriales que reposicione estratégicamente al estado y a los actores locales involucrados.
(*)Lautaro Ghezan Lic. en Economía (UNLP); Diploma Superior en Nuevas Modalidades de Innovación (FLACSO), Maestrando en Generación y Análisis de Información Estadística (UNTREF)