Rainforest Alliance se define como una ONG internacional que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles, transformando las prácticas de uso de suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento de los consumidores.
En su página señalan como su misión alcanzar “un mundo en el que las personas puedan desarrollarse y prosperar en armonía con la tierra”. En los últimos años se ha transformado en una de las más importantes certificadoras ambientales del mundo y en los últimos meses se ha convertido en noticia por dar lugar a un controvertido reclamo de Greenpeace. Es que esta denunció el desmonte ilegal en la finca La Moraleja S.A., proveedora de limones a Sprite.
Según Rainforest Alliance, “luego de una auditoría y siguiendo las políticas que regulan el sistema de certificación, se ha tomado la decisión de cancelar el certificado de la Red de Agricultura Sostenible (RA-F-1000905) de La Moraleja S.A.”
En una carta enviada a Greenpeace la certificadora agrega que “el área deforestada a finales del año 2010, inicios del 2011 y 2014, que suma un total aproximado de 2970 hectáreas, corresponde a áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) de acuerdo con la definición de la Norma RAS para Agricultura Sostenible, toda vez que la selva pedemontana reúne los valores de conservación especificados en las categorías de AVC 1 y AVC 3. Esta situación conlleva a la no conformidad con los requisitos de criterios críticos de la Norma de Agricultura Sostenible (Criterio 2.1 y 2.2)”.
La finca, ubicada en Apolinario Saravia, abarca 30 mil hectáreas ubicadas en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas. Actualmente cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura, mayormente soja transgénica, y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones. A pesar de que tanto la empresa de gaseosa como La Moraleja reconocen el desmonte solo se comprometen a reforestar 1.400 de las 3 mil hectáreas desmontadas.
Cabe resaltar que La Moraleja S.A. ha conseguido permisos ilegales por parte del gobierno de Romero y del de Urtubey para deforesta. El primero fue en 2007, en plena moratoria, cuando se le permitió deforestar más de 4000 hectáreas de bosques nativos. El 7 de diciembre de 2007 (nueve días después de la sanción de la Ley Nacional de Bosques) el gobierno de Juan Carlos Romero, en plena moratoria a nuevos permisos de desmontes, autorizó la deforestación de 4.257 hectáreas de bosques nativos en la finca, a pedido de sus titulares. En 2009, ya en la gestión de Juan Manuel Urtubey, los bosques nativos de La Moraleja fueron clasificados en la Categoría I – Rojo (es decir, de alto valor de conservación, donde no se puede desmontar ni realizar aprovechamiento forestal) de acuerdo a la Ley Nacional de Bosques.
En 2014, y por presiones de Greenpeace la provincia tuvo que derogar dos decretos (2211/10 y 3136/11) que habilitaban a La Moraleja a arrasar con zonas catalogadas con Rojo (alto valor de conservación), pero el desmonte siguió.
Hasta el momento, el gobernador Urtubey y su nuevo gabinete, no han emitido palabra sobre la polémica actualidad de la empresa. Al parecer, si la misma cumple con la ley sólo lo hace por presiones externas al poder político, el cual se ha mostrado muy displicente con las actividades irregulares y dañinas de la empresa.