Allanaron las oficinas de Cecaitra, la cámara de proveedoras de servicios y tecnología para el sistema de radares, acusados de corrupción. El negociado llega hasta Salta.
En las últimas horas, la Justicia de la provincia de Buenos Aires allanó las oficinas de CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas de fotomultas. Una de esas empresas es la dueña de las máquinas de hacer y sacar fotomultas en Salta, una gran caja del municipio que conduce Emiliano Durand.
La causa se generó por presunta corrupción que involucra a Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense. La investigación judicial puso la lupa sobre los contratos de instalación del sistema de fotomultas en municipios bonaerenses, pero no se descarta que los negociados lleguen hasta nuestra provincia.
El caso de la licitación para fotomultas en Salta generó fuertes controversias, cuando Cecaitra fue duramente criticada por la entonces oposición por tener “ventajas para la adjudicación”. La empresa se retiró del proceso aduciendo que “no estaban dadas las condiciones” para participar de la licitación. Lo “raro” fue la empresa ganadora del proceso fue Detectra, cuto dueño es Mariano García hijo de Bernardino García, el principal involucrado en la causa.
Detectra, antes de ganar la compulsa en Salta, ya promocionaba en su web a la ciudad de Salta como uno de sus clientes, dejando abierta la controversia de un negociado que tenía la pantomima del proceso adjudicatario.
El ahora oficialismo había puesto el grito en el cielo, cuando la administración anterior, a cargo de Bettina Romero, había llamado a adjudicación pública para instalar estos aparatos. Extrañamente, los concejales saencistas, que responden también a Durand, pasaron de defenestrar el sistema a defenderlo por ser “una herramienta útil” para la seguridad vial.
“Las fotomultas pensadas como un negocio terminan beneficiando a unos pocos y perjudicando a todos los vecinos”, había posteado en sus redes sociales el intendente Durand, en medio del proceso licitatorio, mientras era intendente electo, pero no había asumido al frente de la Intendencia. Sin embargo, el jefe comunal, parece haber entendido que se trataba de una herramienta recaudatoria. “Es un contrato que heredamos”, dijo tiempo después, y no hizo ninguna gestión para terminarlo, como había prometido.