Según Bullrich, el objetivo es garantizar la libre circulación en rutas y calles, y remarcó que «si hay un delito flagrante» las fuerzas federales podrán intervenir. Dirigentes y organizaciones lo señalaron como “inconstitucional” y advirtieron que se busca “impedir con represión la protesta social” en un contexto de severa crisis económica.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves “un protocolo para el mantenimiento del orden público” con la pretensión de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos. Agrupaciones sociales y dirigentes políticos repudiaron la medida, considerándola “inconstitucional” y una “amenaza” ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.
De acuerdo con lo anunciado por Bullrich, “las cuatro fuerzas federales” y el Servicio Penitenciario Federal podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las manifestaciones en la vía pública. Además, el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
La funcionaria anticipó que las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes” y dijo que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.
“Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, agregó. Dicho artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Bullrich afirmó que el Gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”.
Repudios
Frente al anuncio, dirigentes y organizaciones políticas repudiaron el protocolo señalándolo como “inconstitucional”, además de una “amenaza” a gremios y movimientos sociales. “Cuando hay semejante nivel de agresión” contra los sectores populares, advirtieron, “inevitablemente se producen protestas sociales”.
Referentes del Partido Obrero y Polo Obrero consideraron el anuncio como una provocación, reivindicaron el derecho a la protesta y reclamaron que la Ministra de Seguridad “no tiene facultad legal” para impedirlo. Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), afirmó que “lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su gobierno”. “En Juntos por el Cambio algunos llegaron a senadores por cortar rutas. Otros, de La Libertad Avanza, marchaban felices contra la cuarentena”, recordó en su cuenta de X (Twitter).
Su compañero de banca, Nicolás Del Caño, resaltó que “la casta copó el Gobierno de Milei” y dijo que Bullrich busca “reprimir la protesta del pueblo trabajador frente al brutal ajuste que están aplicando contra las mayorías populares”.
La conducción nacional de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), encabezada por Rodolfo Aguiar, repudió también por “inconstitucional” el protocolo de movilización. “La medida anunciada por la Ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios”, aseveró.
El protocolo se conoció tras el anuncio de Unidad Piquetera (UP) de realizar el próximo miércoles un “paro activo” en la Plaza de Mayo, como respuesta a las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Nicolás Caputo.
Cabe resaltar que la jornada coincidirá con el 22° aniversario de la represión del gobierno de Fernando de la Rúa del 19 y 20 de diciembre del 2001, que culminó con 38 muertos y la posterior renuncia del exmandatario radical.
Comunicado
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitieron un comunicado tras conocerse el protocolo antipiquetes advirtiendo que busca “impedir con represión la protesta social”. Además, alertaron que se “criminaliza a quienes se manifiestan” y se persigue a las organizaciones porque “cortar las calles no es delito”.
Señalaron que “hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, y remarcaron que “pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales”.
La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, quien recordó que “el derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones”.
Asimismo, consideró “gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política” en alusión a lo que Bullrich anunció como un “registro de organizaciones”. Además, subrayó que las armas que la Ministra llama “no letales”, como las balas de goma o las pistolas Taser, pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes.
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