Tienen entre 16 y 18 años y están en conflicto con la ley penal. Permanecen en una casa común.Para la Asesoría de Incapaces, el lugar está en pésimas condiciones y hay hacinamiento.
Un hábeas corpus correctivo colectivo fue presentado por la Asesora de Incapaces 1, Marta del Milagro García, por las deficientes condiciones de alojamiento que observó en la que se encontraban ocho jóvenes en conflicto por la ley penal.
García realizó un recorrido por la casa común del barrio Balneario, en la que funciona el Centro de Jóvenes en Conflicto con la ley Penal 4, que se encuentra a cargo de personal del Servicio Penitenciario de la provincia.
“Me constituí en el Centro de Jóvenes, constando que ocho menores se encuentran en deficientes condiciones de alojamiento. Contando la residencia con solo dos habitaciones y un baño y sin posibilidad de salir al exterior debido a la falta de barreras en el patio”, dijo García en la presentación.
La Asesora de Incapaces advirtió que “además de la situación de hacinamiento y permanente encierro en una reducida superficie, las condiciones de alojamiento se pueden resumir como pésimas e inaceptables”.
García dijo que no se verificaron lugares de esparcimiento donde los menores de edad puedan desplegar actividades deportivas, recreativas ni lúdica. Tampoco hay medidas de seguridad contra incendios, salidas de emergencia y bocas de incendio.
Sin psicólogo
La Asesora de Menores e Incapaces destacó en el hábeas corpus: “Hago saber que tampoco cuentan con la asistencia de profesional psicólogo que efectúa el abordaje de cada caso particular, lo que resulta indispensable debido a que los jóvenes alojados, además de pertenecer a un grupo evolutivo frágil, vulnerable; y con mecanismos de resolución a veces inadecuados, tienen historias de vida marcadas por la carencia de adultos que oficien de estructurantes de una subjetividad saludable”.
García dijo que en esa realidad psicoafectiva la tarea de un equipo interdisciplinario permitiría brindar asistencia psicológica y fomentar aspectos contenedores del grupo familiar de origen, logrando la reinserción social de los menores alojados.
“La realidad constatada en el Centro Juvenil no satisface de manera alguna las exigencias de higiene y dignidad (regla 31 de Beijing) tal consta en el informe que acompaño. Además es dable considerar que todo lo señalado anteriormente impide que dicho centro cumpla con su finalidad que es la rehabilitación de los menores de edad detenidos; y la política criminal juvenil descuida una dimensión que es clave desde el punto de vista de la protección de la infancia y de la prevención del delito: la inclusión social, familiar, educativa y laboral de los jóvenes a su egreso de esta institución”, destacó.
Inspección ocular
En la tramitación del hábeas corpus interviene la jueza, Carolina Poma Salvadores, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán.
La magistrado ordenó que personal de la División de Criminalística de la Policía realice una inspección ocular en las instalaciones para corroborar el estado y la situación denunciada. Ahora aguarda los informes de los especialistas.
Por otra parte, se supo que el fiscal Sergio Castellanos, solicitó que se haga lugar al pedido de la Asesora de Incapaces, para solucionar los problemas de alojamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Vecinos rechazan la instalación del centro
Vecinos de la zona norte de San José de Metán desde hace tiempo exigen el urgente traslado del centro de atención de menores en conflicto con la ley penal, que pese a la oposición de los residentes, fue instalado en una casa común, en el corazón del barrio Balneario.
“Presentamos notas a las autoridades, pero no recibimos respuestas y este centro está funcionando en ese lugar desde el 6 de enero. El problema es que se trata de una vivienda común que no reúne las condiciones edilicias necesarias para albergar adecuadamente a los chicos ni para que realicen actividades”, dijo Elsa Sánchez, una vecina del barrio Balneario, cuya casa colinda con el centro de menores.
La institución funcionaba en la calle San Martín 328, al este de la ciudad y fue trasladada al pasaje Tartagal 147 del barrio Balneario.
Los vecinos dijeron que enviaron notas a la Municipalidad y el Concejo Deliberante para tratar de impedir la instalación del centro, pero dijeron que no fueron escuchados y no recibieron respuestas.
Marcaron como negativa la proximidad de las viviendas, la cercanía del río Conchas y su costanera, transformado actualmente en un centro de recreación comunitaria, y la proximidad de la casa a la ruta nacional 9/34.
Sin condiciones
“Realmente es una preocupación muy grande la instalación de este centro y no estamos de acuerdo. Principalmente esa vivienda no reúne las condiciones que necesita un centro para atender correctamente a los jóvenes en conflicto con la ley”, dijo José Luis Moroni.
“Creemos que en una casa común de barrio no se puede contener ni tratar correctamente a estos chicos con estos problemas”, remarcó.
En la nota enviada a las autoridades los vecinos del barrio Balneario destacaron que: “La presencia de personal penitenciario permanente no es garantía de seguridad material ni psicológica de estos adolescentes ni de los vecinos, ni da muestras de ser una medida de integración de los adolescentes y/o jóvenes”.
Fuente: Adrián Quiroga El Tribuno