En la sesión de la Cámara de Diputados de este martes se aprobó un proyecto de declaración en el que se pide a la Dirección de Personas Jurídicas, que reglamente el procedimiento para la venta de inmuebles de entidades civiles. El diputado Daniel Sansone busca más control para preservar el patrimonio.
Sansone dijo que debe ser necesaria una decisión fundada de Comisión Directiva, sobre la necesidad de venta de propiedad inmueble con mayoría agravada de las dos terceras partes de sus miembros.
“La Asociación Civil/ Fundación deberá contar con toda la documentación contable en regla, siendo insoslayable tener balance aprobado del último ejercicio económico y se deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria, cuyo único punto en el Orden del Día será la venta de la propiedad”, resaltó.
En ese sentido, el legislador indicó que “cuando uno se junta para armar un club o una asociación civil los fundadores llegan con mucho altruismo de hacer un bien para la sociedad, al barrio o a la comunidad” y sostuvo que “es muy común que las propiedades se compran con aportes de cada uno de los fundadores, de manera desinteresada y así crecen”.
A modo de ejemplo mencionó que “la Cámara de Comercio, tiene un local en calle España que fue donado por uno de sus dirigentes, y de la Cámara salió el Banco del Noroeste y el Instituto de Informaciones Comerciales de Salta”.
Al respecto recordó su experiencia en el Instituto de Informaciones Comerciales, donde encabezó una férrea oposición a la venta.
“Hace 5 años y de manera accidental viendo el diario chiquito, veo que llamaban a una asamblea para vender el edificio que tiene el Instituto en la peatonal y que fue donado. Entonces, como yo fui parte, comencé a quejarme, hablé con las nuevas autoridades y me opuse a la venta. Ellos querían vender para comprar departamentos”, señaló.
Y de manera sorprendida contó que llamativamente en la Dirección de Personas Jurídicas me dijeron que no podía oponerme porque ya habían llamado a una asamblea, todo esto pese a que tenía 3 balances negativos”.
“En este caso quedaba claro que la Dirección de Personas Jurídicas no podía hacer nada ante el hecho de que cuando una institución empieza a caer y aparecen los picaros que ven la posibilidad de vender la propiedad para su beneficio personal”, manifestó y subrayó que “hablamos de una asociación grande que llegó a tener 7 propiedades, que empleaba, incluso, a 80 personas, que daba mucho trabajo al igual que otras entidades, y por se deben proteger porque a la vez son una fuente de trabajo”.