Por lo general, se entiende por un impresentable a alguien sin un atuendo adecuado a las circunstancias, sin embargo, en política se tratan de sujetos carentes del más mínimo pudor y ética.
Políticos inescrupulosos que buscan perpetuarse en el poder para no afrontar las consecuencias judiciales por su accionar en contra de la administración pública, otros ligados a cobros indebidos de IFE o ATP, son parte del menú electoral del domingo.
Resulta difícil concluir que Salta es una de las provincias más corruptas, sin embargo, es probable, y con poco margen de error a equivocarnos, que si alguien lo duda la Justicia tiene una enorme responsabilidad en esa idea.
Esa morosidad judicial tal vez explique que gran parte de los electores repitan su voto hacia candidatos que acumulan denuncias escandalosas y muchas de ellas con pruebas concluyentes. En ese cuadro, parece reducido el grupo de salteños que reclamamos una ética diferente, que valoran la honradez como la principal cualidad.
La lista de quienes hoy buscan una banca o una renovación y se encuentran manchados por la corrupción es larga. Una figura emblemática es el “Topo” Ramos, actual senador de Rosario de Lerma, quien hoy se postula en medio de citaciones y denuncias por peculado y tras haber gambeteado un pedido de desafuero por parte de la Justicia.
También es acusado por inmiscuirse en el intento de un juicio político contra el jefe comunal rosarino. Ramos fue intendente de Rosario de Lerma durante cinco períodos y parece querer repetir la seguidilla de cargos públicos, pero en este caso legislativos.
Su figura es reconocida no sólo por haber presidido el Foro de Intendentes sino porque una añeja causa por desvío de fondos de la Cooperadora Asistencial entre otros hechos, que se inició en 1997 y que un oprobioso fallo de la Corte provincial declaró prescriptos. Por si fuera poco, durante 2013, en su último mandato, Ramos sumó otra imputación por malversación de fondos nacionales, esa causa es la que obligó al Juzgado interviniente a pedir el desafuero del actual senador ya que se amparaba en su inmunidad legislativa para no asistir a sede judicial para notificarse de las imputaciones.
Al verse acorralado, Ramos accedió a concurrir a sede judicial donde “le pintaron los dedos” para tomarle registro dactilar y evitó así que el Senado vote por su desafuero.
En Salta Capital
A partir del allanamiento llevado recientemente en el PAMI, se conoció mediante el testimonio de trabajadores del PAMI, que un 20% de su sueldo era confiscado por su directora, Verónica Molina y entregada como aportes a la agrupación política La Cámpora, dirigida por el concejal Fernando Ruarte y por Marcos Vera, quien había tramitado el IFE, entregado como medida de emergencia para las familias en plena pandemia.
También trascendió que electrodomésticos secuestrados por la aduana en Orán, que estaban destinados para los jubilados eran entregados de manera irregular por los algunos candidatos, uno de ellos, el propio Fernando Ruarte, quien busca la reelección después de aportar poco y nada en el Concejo Deliberante capitalino.
Ruarte, en un acto de torpeza pero sobre todo de impunidad, tuvo el descaro de publicar las donaciones en sus redes sociales.
Capítulo aparte merece la postulación de Miguel Isa, que busca regresar al Concejo Deliberante luego de veinte años. El exintendente de Salta se jacta de no tener causas judiciales, lo cual en Salta no es muy difícil si se tiene en cuenta la nula independencia del Poder Judicial.
Lo que no puede decir Miguel es que acumuló un sinnúmero de denuncias en su contra por oscuros actos de gobierno como intendente, el canje desventajoso de valiosos inmuebles por el tinglado del CCM, las sobrefacturaciones en obras emblemáticas como el canal de Los Manzanos, las pavimentaciones truchas y las llamativas excepciones para la construcción de edificios de altura en lugares no habilitados forman parte la desmemoria del electorado capitalino.
Por Enrique Briones