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domingo, febrero 25, 2024

Imputaciones cruzadas en la disputa por una finca en Rivadavia Banda Sur

La esposa del intendente de esa localidad, Leopoldo Cuenca y el apoderado legal de Tierras Vascas, entre otros, están imputados por diversos delitos, entre ellos “usurpación, robo calificado, amenazas con armas, turbación de la posesión y retención indebida”. Esta semana, la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, llevará a cabo una inspección ocular en la propiedad.

Las actuaciones penales de la Fiscalía de Pichanal se derivan de un litigio iniciado en el fuero civil por superposición de límites entre las fincas, Las Botijas y Las Colmenas II (Juzgado Civil y Comercial de Orán, jueza Cristina Barbera, Tierras Vascas contra Guerra Romero Fidela y otros s/acción real negatoria, Expediente Nº 17.387/2007).

Las distintas intervenciones de la fiscalía penal se iniciaron el 10 de julio del año pasado, a partir de una denuncia radicada por el intendente, Leopoldo Cuenca, según indica el sitio Fiscales Penales 

La misma, según lo informado desde la Fiscalía de Pichanal, se radicó en el Destacamento de Rivadavia Banda Sur. En la misma se dio a conocer que personas de la empresa Tierras Vascas ingresaron ilegalmente a la finca Las Botijas, de propiedad del intendente, ubicada a 30 kilómetros de la localidad de La Unión.

En otra denuncia, Lorenzo Elías Porcel, empleado de Cuenca, sostuvo que trabaja en la finca del intendente. Indicó que residía en una vivienda, ubicada a unos 4 kilómetros del portón de acceso.

Explicó que el 9 de julio salió a visitar unos familiares y que al regresar, en horas de la noche, el candado del portón había sido cambiado. Agregó que igualmente ingresó y llegó a su casa, donde se despertó al día siguiente, enterándose mediante una nota de los supuestos usurpadores, quienes le exigían que se retire de la propiedad.

Posteriormente, informó que tuvo un encuentro con tres sujetos, quienes lo intimaron a que se marche de la propiedad, ya que si no lo hacía no sabían que podía pasar con el mismo. Indicó que sólo pudo llevarse su caballo, ya que el resto de sus pertenencias había desaparecido.

Ante esta denuncia, la fiscalía ordenó a la policía local realizar una inspección en la propiedad, oportunidad en la que se identificó a Diego César Mazzucheli, quien dijo ser apoderado legal de la empresa Tierra Vasca, como así también reveló que en la propiedad se hallaban Carlos Alberto Quinteros, José Eduardo Montenegro y Rafael Rodolfo Sales, quienes realizaban tareas de ganadería para la firma que representa.

A partir de esta diligencia, y otras medidas más, la fiscalía citó el 24 de octubre de 2017 a Mazzucheli, Quinteros, Montenegro y Sales a fin de realizar la correspondiente audiencia de imputación a los mismos por los delitos de “usurpación y robo calificado”.

El 5 de diciembre de 2017, Mazzucheli prestó declaración indagatoria ante el Juzgado de Garantías 1, mientras que Quinteros lo hizo recién el 6 de abril pasado. Respecto a Montenegro y Sales, los mismos aún no pudieron ser localizados para poder formalizar la imputación, puesto que presentaron domicilios en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Salta.

Contradenuncia

Entre el 18, 23 y 27 de abril pasado, en tanto, Mazzucheli y un encargado de la finca, ambos en representación de Tierra Vascas, radicaron sendas denuncias en las que sostuvieron que personas desconocidas habían irrumpido en la misma propiedad, cambiaron el candado y sacaron a la ruta dos tractores, una rastra y una heladera de la empresa.

Agregaron, que al intentar acercarse, los intrusos realizaron disparos y ante el temor a resultar heridos se retiraron del lugar. A través de una diligencia ordenada por la fiscalía, en tanto, se pudo identificar a Alberto Martínez como una de las personas que se hallaba en la propiedad en litigio.

Martínez reveló que había sido contratado por Paola Torres junto a otras diez personas para cuidar la finca. En una tercera denuncia, en tanto, Mazzucheli, sostuvo que las personas que habían irrumpido en la propiedad eran Paola Torres, Alberto Martínez, Alejandro Yalla, Darío Juárez, Franco Gutiérrez, Nahuel Méndez, Nahuel Morales y otros,quienes cambiaron los candados del portón.

Sostuvo que los mismos ingresaron clandestinamente a la finca y robaron diversos bienes y herramientas de trabajo.Asimismo, se opuso a que las actuaciones del caso sean diligenciadas por personal  policial de La Unión o de Rivadavia.

La fiscalía, por su parte, ordenó la actuación de efectivos de la Brigada de Investigaciones de Orán, quienes realizaron distintas medidas a través de las cuales se verificó que parte de los supuestos bienes robados estaban en la propiedad, y que los supuestos usurpadores no impedían que sean retirados. Por otra parte, los efectivos no pudieron constatar armas o proyectiles en el lugar.

El 15 de mayo pasado, la fiscal Fuentes ordenó la citación de Torres y Martínez a fin de ser sometidos a las respectivas audiencias de imputación por los delitos de “turbación de la posesión o tenencia” y “retención indebida”, medida que se concretará el 22 de mayo.

Tercer incidente

El 30 de abril pasado, Cuenca se presentó en el Destacamento de La Unión, donde radicó denuncia en contra de Mazzucheli, Quinteros, Montenegro y Sales, puesto que estas personas usurparon su propiedad hace nueve meses, hecho que ya había sido denunciado.

Agregó que hace 20 días, la propiedad se hallaba deshabitada, por lo que volvió a tomar posesión de la misma y que en el lugar quedaron sus empleados, quienes están al cuidado de animales y llevan adelante otros trabajos en la finca.

Además, denunció que en la finca aparecieron dos camionetas Toyota, color negro, desde donde hicieron disparos hacia el costado de la casilla. Como prueba de ello, hizo entrega de 9 vainas de proyectiles. En función de ello, la fiscalía ordenó varias diligencias, entre ellas la declaración testimonial del empleado que fue testigo de la incursión de las dos camionetas que irrumpieron en el lugar.

Atento a ello, la fiscalía ordenó una requisa en la finca Las Colmenas II a fin de verificar la existencia de armas, municiones y de las camionetas denunciadas.

El 11 de mayo pasado, personal de la Brigada informó la existencia en inmediaciones de la finca de dos camionetas Toyota, las que registraban pedido de secuestro por parte de la Oficina Fiscal N° 6 y 9  de Mendoza por el delito de quiebra. Los rodados fueron secuestrados y quedaron a disposición del Juzgado de Garantías 1 de Orán.

En torno a este caso, la fiscalía tiene pendiente distintas medidas de investigaciones a llevarse adelante en los próximos días, entre ellas una inspección ocular en la propiedad, diligencia de la que participará la fiscal Fuentes.

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