Son 8 los ediles imputados con diferentes carátulas, casi la mitad sigue aún en funciones pues lograron la reelección en sus ciudades. Ninguno quiso declarar.
Como se tenía previsto, se inició el juicio contra los concejales salteños que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia el año que inició la pandemia. Esa medida, decretada por Nación, buscaba paliar un poco el impacto económico que la cuarentena estricta había generado, sobre todo en los hogares de bajos recursos, donde abunda el trabajo no registrado y se vive el día a día. Al parecer, algunos ediles quisieron sacar provecho a fuerza de viveza o gracias a una falencia del sistema que no notó el punto ciego del asunto.
En definitiva, este miércoles el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta dio inicio al segundo juicio a funcionarios públicos. Entre los que se cuentan los ediles Paola Cantarella, de Pichanal; Jesús Cuellar, de Urundel; Héctor Cari, de Guachipas; Gabriela Cazón, de Aguas Blancas; Osvaldo Reynaga (San Lorenzo), Nicolás Maras (Los Toldos), Julio Pedro Laxi (Animaná) y Santos Palma (Rivadavia Banda Norte). Ninguno prestó declaración.
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que a Cantarella, Cuellar, Cari y Cazón se les juzga por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal, con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de autores. De estos cuatro, los primeros tres todavía mantienen el cargo como concejales pues fueron reelectos en 2021.
En tanto que sobre el ex concejal sanlorenceño Osvaldo Reynaga, recae la misma acusación pero en grado de tentativa; mientras que Maras, Laxi y Palma llegaron a juicio por el delito de incumplimiento de deberes, en calidad de autores.
Los hechos
Según explicaron desde la fiscalía, Cantarella solicitó ser beneficiaria del IFE en marzo de 2020, aun sabiendo que el decreto N°310 del Poder Ejecutivo Nacional impedía la postulación de funcionarios públicos. Además se supo que ANSeS acreditó el beneficio en su cuenta sueldo del banco Macro en julio de ese año. Algo similar pasó con Cari quien repitió la maniobra y percibió una cuota del IFE.
En tanto que a Cuellar y Cazón el beneficio les fue acreditado en dos ocasiones. Es decir, no cobraron solo la primera vez 10 mil pesos, sino que en una segunda oportunidad sumaron otros 10 mil.
Sobre Reynaga, Laxi, Maras y Palma, el fiscal Ricardo Toranzos señaló que se aprovecharon de una situación irregular, como la de ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), para percibir el IFE ilegalmente.
Testimonios
Durante la primera jornada se indagó a funcionarios de la ANSES, tanto en el orden nacional como local, y a un asesor legal del Banco Macro. En todos los casos ratificaron con detalles de las gestiones y el cobro del IFE por parte de los acusados y acusadas.
Susana Aramayo, ex directora local de la ANSES, ratificó los cobros ilegales y sostuvo que ante el escándalo suscitado quiso denunciar en la fiscalía federal lo ocurrido, razón por la cual fue objeto de hostigamiento interno, en especial por parte de la escala superior.