Una trabajadora de planta permanente denunció hostigamiento por apostar a una mayor formación y perfeccionamiento y no le reconocieron derechos adquiridos en el convenio colectivo de trabajo.
Margarita Ochoa, trabajadora de planta permanente del Concejo Deliberante de Salta, en el área de Digesto Legislativo brindó su testimonio luego de haber formalizado todo lo relacionado a un caso de persecución laboral.
Indicó que todo comenzó cuando presentó ante el Jefe de Departamento, su superior, una nota solicitando licencia para realizar pasantías en la Fiscalía de Integridad Sexual, en su carácter de estudiante de abogacía y en el marco de los beneficios establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo.
“Se puso en tela de juicio el pedido de licencia, tuve que acceder a un superior del área de Recursos Humanos, me dijo que es un derecho que podés adquirir sin problemas y se tiene que dar lugar”, contó Ochoa.
La obstaculización del pedido de la agente, quien además es graduada en Recursos Humanos, llama la atención no sólo porque la solicitante se aviene a beneficios claramente establecidos, sino además porque la capacitación y formación superior, redunda en beneficio del desempeño de sus funciones en el Concejo Deliberante y en consecuencia, de la comunidad.
La mujer contó que debió perseguir a su jefe, para que firme la autorización de la licencia y lo hizo incluso hasta en momentos en que se jugaba un partido de fútbol, en el marco de la celebración del día del empleado del Concejo.
Tras ello, comenzaron los hostigamientos, le cortaron la comunicación y la dejaron fuera de las planificaciones de trabajo, negándole instrucciones previamente asignadas, causando con ello, un perjuicio en el clima laboral.
“El pedido fue en mayo, continuó cuando me dejaron de lado y dejé de saber cómo se van a desarrollar las tareas, no podía participar, simplemente me abocaba a la digitalización de las ordenanzas, pero nunca dejé de lado mi trabajo”, añadió.
Polémica decisión
La solicitud de la mujer tuvo como represalia un traslado en sus funciones que puede definirse al menos como irregular. La designaron para que cumpla funciones en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta.
Ochoa indicó que la Defensoría del Pueblo es un órgano autárquico y que la intervención del Concejo tiene que ver con la designación del Defensor y de un asesor letrado, requiriendo para ello el voto de la mayoría simple de los concejales.
“Si uno como empleado del Concejo Deliberante, busca en el organigrama la Defensoría del Pueblo, no se encuentra, con lo cual se corta la carrera administrativa y no hay posibilidades de ascensos”, dijo Ochoa y señaló además que la planta de los trabajadores de la Defensoría se compone por el Defensor y los empelados contratados bajo la modalidad de “agrupamiento político”.
Madile
“Hablé con el presidente del Concejo (Darío Madile) luego de haber recibido mi notificación para ser trasladada, me recibió en su despacho, pero no recibí la contención que esperaba por el tema de violencia, me dijo que era muy difícil probar, que iba a llevar mucho tiempo y que en la mayoría de los casos los abogados se venden y requiere mucha plata mantener este tipo de juicios”, contó la mujer.
Un gremio ausente
Ochoa contó que es afiliada al Sindicato de Empleados del Concejo Deliberante -Secode- y en ese carácter, requirió asistencia del gremio, pero recibió una pésima respuesta. “El señor Luis Rodríguez, del Secode, me dijo palabras fuertes como que era ‘una quilombera’ , que me sacaría de la oficina y que un jefe tiene la potestad de cambiar a sus empleados. No objeto el traslado, sí al lugar”, dijo la empleada legislativa.
Señaló también que de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, las designaciones deben ajustarse a la profesión y título de cada agente, por lo que recordó su condición de licenciada en Recursos Humanos, lo que poco tiene que ver con el trabajo que le asignen en la Defensoría.