En Salta se disparan los precios de los bidones y en el norte de la provincia, por la desesperación de la población, la Policía debe custodiar el reparto de agua potable; desde Buenos Aires ordenaron que el Ejército intervenga en la logística del operativo de emergencia; situaciones análogas se repiten en el este de Formosa, en Tucumán y en Jujuy.
Al igual que otras provincias, Salta enfrenta la peor sequía de su historia. Fue por este motivo que diputados y senadores ordenaron declarar, durante los últimos días de noviembre, la emergencia hídrica por escasez de agua; y también ordenaron, conformar un comité de crisis no sólo para garantizar el abastecimiento poblacional, sino porque -en el corto plazo- podrían verse afectadas de forma colateral, también, la provisión de energía eléctrica y la provisión de combustibles.
En esa misma línea, la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías -integrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Servicio Meteorológico Nacional y demás organismos nacionales y académicos- informó casi en simultáneo con la declaración de emergencia provincial que en todo el país hay 163 millones de hectáreas afectadas por la sequía; mientras que “la superficie sembrada que se encuentra bajo condición de sequía severa – que implica una marcada falta de humedad en los suelos y el ambiente y la pérdida casi total de lo implantado- casi se triplicó durante los últimos meses” y escaló hasta alcanzar “un total de 22,9 millones de hectáreas”.
Al respecto, el secretario nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, dijo: «Estamos viviendo una situación particularmente tensa y crítica en el tercer año consecutivo en cuanto a la restricción de humedad y anomalías en el régimen de lluvias, lo cual impacta en el estado de los cultivos y proyección de los mismos». Al presentar un un informe sobre la Perspectivas Meteorológicas 2022/23 realizado por la técnicos de la cartera agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se comprometió a «acompañar y ayudar al sector productivo a transitar esta circunstancia desfavorable».
Una crisis transversal
En la región Noroeste del país la situación es grave; y tanto los funcionarios como los referentes territoriales realizan la misma caracterización: si no llueve, todo podría agravarse aún más. Luis María De la Cruz, titular del Sistema de Monitoreo Participativo y Alerta Temprana del río Pilcomayo, sostuvo que en Salta y Formosa «la falta de agua y forrajes» mata los animales y, subrayó que, también por las sequía, “los incendios destruyen áreas importantes de pasturas, establecimientos apícolas, infraestructuras ganaderas e imposibilitan el paso por los caminos rurales».
Agregó además que en el este de Salta y oeste de Formosa se encuentran completamente “afectados” los “sistemas de vida y producción” ya que, entre otros puntos críticos, “el río Pilcomayo no abastece de pescado como años anteriores; observándose una merma significativa de cardúmenes y de especímenes por cardumen”.
Precisamente, en el oeste de Formosa, según registros periodísticos recientes, los productores y comunidades originarias comienzan a agruparse para solicitar asistencia estatal. Agregó De la Cruz: «De acuerdo a las previsiones climáticas de largo plazo, se espera que hasta 2024 el clima en general en la región tenga una tendencia hacia situaciones secas; lo cual obligaría a los productores y pobladores a desarrollar estrategias de adaptación importantes, con inversiones altas en cuanto a acceso al agua y a los alimentos para el ganado».
En Tucumán, por ejemplo, la situación es similar. Allí, la Dirección de Recursos Hídricos también declaró la emergencia por la escasez de agua potable, que -según información oficial- “se agravó en las últimas semanas y afecta a varios barrios de la ciudad de Concepción, Yerba Buena y algunas zonas de El Corte, donde los vecinos están siendo abastecidos con cisternas”. Iván Buczek, jefe del servicio de producción de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), ratificó la información al señalar que las cotas de inundación del embalse de El Cadillal, que provee de agua a la provincia, está por debajo del promedio anual de los últimos 25 años.
Por otro lado, Guillermo Sadir, Director Provincial de Recursos Hídricos de Jujuy, dijo que la sequía es “extremadamente grave” en los departamentos de Palma Sola y Santa Bárbara, donde el Ejecutivo provincial informó la activación de un programa de emergencia para asistir a los productores con agua y forraje. Tal como publicó la prensa local jujeña, referentes de pueblos originarios comenzaron esta semana a exigir la declaración, allí también, de la emergencia hídrica, para acelerar los planes de asistencia estatal.
El norte salteño, en estado crítico
Desde el Gobierno de Salta, respecto de la sequía, el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp), Carlos Saravia, aseguró que la situación hídrica de la provincia es “preocupante”, tal como consignó la agencia estatal de noticias Télam.
Por otro lado, el ministro de Producción, Martín de los Ríos, explicó: «hay muchos pequeños productores ganaderos que, por la sequía no tienen pasto y cuyos animales están sufriendo, principalmente en el Chaco salteño, Nazareno y Santa Victoria. Estamos tratando de llegar con forraje, alfalfa, maíz, alimento para la hacienda, hasta que reverdezca el pasto».
En tanto, mientras las organizaciones civiles como Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO), Confederaciones Rurales de Salta y la Sociedad Rural Salteña interpelan al gobierno para que actúe con premura, se disparan los precios de los bidones de seis litros de agua potable, tal como informó FM 89.9; así las cosas, la castigada población del norte ya no tiene a quién recurrir, y mira al cielo: en Tartagal, con oraciones para que llueva, se realizó una peregrinación de diez kilómetros con la Virgen de la Peña el pasado viernes.
La policía custodiando el agua
Hasta ahora, según información pública, el gobierno de Sáenz ha liberado asistencia económica real, en efectivo, por 125 millones de pesos para los productores. De hecho, en el norte de Salta, un dato clarifica la gravedad de la situación y la tensión social que se ha generado: el ministerio de Seguridad asignó al menos 100 policías para custodiar a los agentes de Defensa Civil que realizan trabajos de distribución de agua potable en las ciudades de Tartagal, Embarcación, Aguaray y General Mosconi.
Mientras tanto, el gobierno provincial -a través de una Comisión de Trabajo Técnico- busca “fuentes alternativas de provisión de agua”, informó el periódico Página12, y envía funcionarios de segunda línea para calmar a los líderes de las comunidades originarias, a través de las secretarías de Obras Públicas, Asuntos Indígenas, Políticas Sociales, entre otras.
Por el momento, son 60 los camiones cisterna que reparten agua en las zonas más afectadas, entre ellas las que se proveen del sistema del río Itiyuro, por ejemplo. Al respecto, y como dato de contexto, una investigación del periódico Tiempo Argentino, publicada hace pocos días y realizada en conjunto con las organizaciones Pata Pila y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), indicó que a la vera de la Ruta Provincial N° 81 en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, sólo en las comunidades wichí, al menos 4000 personas permanecen actualmente sin agua potable.
Intervención del Ejército
La magnitud del problema en Salta es tal que desde Buenos Aires se ha ordenado la intervención del Ejército Argentino: “Ante la emergencia hídrica que afecta a poblaciones del norte de la provincia de Salta, el Ministerio de Defensa aportó 3 vehículos cisterna con capacidad de 10.000 lts cada uno para llevar adelante las tareas de asistencia hídrica y abastecer a cerca de 1.800 personas de 46 comunidades originarias”.
Además, desde el Ejecutivo Nacional, se informó: “El despliegue, llevado a cabo por personal de la Vta Brigada de Montaña del Ejército, cuenta con tres circuitos de distribución en las localidades de General Ballivian, Alto la Sierra y Santa María donde se realiza el trabajo de captación, potabilización y distribución que suman un promedio semanal de cerca de 247.410 litros de agua potable”.