Mientras en el Congreso Nacional alertan que desde 2016 se incrementaron las hectáreas desmontadas en el NOA, el secretario de Ambiente Alejandro Aldazabal señaló que Salta recibirá un 3% de lo que debería destinarse para hacer cumplir la legislación que controle esta situación.
Entre los dilemas de Salta está sin duda el trato que se le da al medio ambiente, fuente primordial de los recursos que explota la provincia. Por un lado se tiene la conciencia plena de que los desmontes en lo que va de este siglo han arrasado miles de hectáreas de bosques nativos, lo que ha generado un peligroso desequilibrio que pone en riesgo la vida no solo de las comunidades originarias y la fauna autóctona, sino también del resto de los habitantes de la provincia que de una manera u otra, dependen de esos bosques.
Mientras que por otro lado, desde los gobiernos tanto provincial como nacional se hace poco y nada por subsanar esa situación bien conocida. A ello se suma la expansión desmesurada de una frontera agropecuaria que impulsa un sector del empresariado local, que a las claras no ha respetado ni respeta la denominada Ley de Bosques.
En entrevista reciente, el titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro José Aldazábal, señaló que Salta recibirá sólo $165 de los $5.400 millones que le corresponden por la Ley de Bosques. Es decir, apenas un 3% de lo que debería. A ello hay que sumarle que Salta es una de las provincias donde ni siquiera la pandemia detuvo a las topadoras que continuaron activas desmontando como si no hubiera un mañana.
Para ello basta recordar la carta que desde la agrupación ambientalista Greenpeace enviaron al gobernador el pasado mes de septiembre. En ella alertaban que mediante el monitoreo satelital constataron que durante 2020 en Salta se desmontaron 20.962 hectáreas. Paralelamente, el gobierno provincial convocó a la realización de audiencias públicas durante diciembre de 2020 y enero de 2021 para autorizar Cambios de Uso de Suelo (desmonte) en 7 fincas. “En este preocupante marco, donde la deforestación (con y sin permisos) no cesa, el gobierno de Salta decidió avanzar este año con la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, acotaron los ambientalistas en la misiva.
Así también, en el congreso nacional, el diputado salteño Lucas Godoy propuso un proyecto de ley a efectos que se modifique el Código Penal y se incluya como delito al desmonte. El mismo tendría la condena de entre 3 a 9 años de prisión a infracciones por desmontes a normas nacionales, provinciales y municipales. Además de la prisión, si se acredita que los desmontes o talas se hicieron con ánimo de lucro, la aplicación de una multa de 2 millones a 10 millones de pesos.