Salta cuenta al momento con más de 1000 detenciones de personas que incumplieron el decreto de cuarentena total. Tras las dudas, el coordinador de los fiscales penales de Salta aclaró que los detenidos cumplen detención domiciliaria; no terminan en comisarías ni en el Servicio Penitenciario.
El DNU emitido por el gobierno nacional prohíbe la salida de personas, a menos que vayan a trabajar o a hacer compras de alimentos o productos de primera necesidad. Pero durante los últimos días se han registrado cientos de detenciones de personas que han incumplido esta norma, y se planteó la duda de lo que pasaba fehacientemente con los detenidos, pues encerrarlos violaría también las normas de seguridad impuestas para evitar la propagación del virus.
En ese sentido, Pablo Rivero, el coordinador de fiscales penales de la provincia, aclaró la situación: los detenidos deben cumplir prisión domiciliaria, y se les realizan controles por parte de la Policía para garantizar que no vuelvan a incumplir la normativa.
El Ministerio Público Fiscal difundió información acerca de los casos ocurridos hasta la fecha, y sostuvo que al momento hay más de 500 detenidos por violación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20, por el que el gobierno nacional dispuso el aislamiento social como medida para mitigar la expansión del coronavirus. No obstante, Gustavo Sáenz ya aclaró que son más de 600 las personas detenidas. Inclusive, fue el mismo gobernador el que le pidió públicamente al presidente Alberto Fernández que saque el Ejército a las calles para poder fortalecer los controles.
El MPF también aclaró que existe un protocolo antes de realizar una detención, en donde se interroga a la persona acerca de la causa por la que está en la calle. Si la causa no es ninguna de las contempladas en el DNU como excepciones, se procede a realizar la detención, levantar las actas correspondientes y cumplir prisión domiciliaria.
Las infracciones producidas son de carácter federal, por violación del artículo 205 del Código Penal. Sin embargo, Pablo Rivero aclaró que: “a los fines de preservar la salud pública, desde Nación se hizo hincapié en la necesidad de evitar los planteos de competencia en los casos en que ya se encuentre interviniendo la justicia provincial. Por eso, los fiscales provinciales intervienen frente a la posible comisión de hechos delictivos relacionados con el Covid-19 cuando se registran en el territorio de la provincia de Salta y siempre que no se encuentren sometidos a la jurisdicción federal”.