Diputados trata este martes el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. La secretaria de Minería, Romina Sassarini visitó la Cámara y no hizo referencia a consenso que se indica en el mensaje que acompaña el proyecto de ley.
El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de ley para modificar un artículo del Código de Procedimiento Minero, contenido en la Ley Provincial 7141 (2001), en procura de eliminar el paso de los estudios de Impacto Ambiental y Social, por el Juzgados de Minas y la remisión directa de éstos, a la Secretaría de Minería.
El mensaje que acompaña el proyecto de ley, tiene un párrafo en el que se indica lo siguiente: “La modificación propuesta es producto de un consenso entre el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable dependiente del Poder Ejecutivo y el Juzgado de Minas dependiente del Poder Judicial”.
Sin embargo, en el expediente remitido al Poder Legislativo no hay ninguna nota o firma procedente del Poder Judicial (al que pertenece el Juzgado de Minas), para acreditar dicho consenso.
Además, la secretaria de Minería de la Provincia, Romina Sassarini, tras la reunión con diputados, indicó lo siguiente: “esto ha sido una iniciativa del gobernador de la Provincia, que nos ha instruido a trabajar en mejorar todos los procedimientos administrativos como judiciales para permitir que las inversiones desembarquen en Salta”.
Desburocratización sí, lobby no
“Estamos buscando desburocratizar y despapelizar, por otro lado acompañar la dinámica de la actividad minera actual y permitir un control mucho más eficiente de la Secretaría de Minería, al tener en un expediente administrativo todas las actuaciones vinculadas al informe de impacto ambiental”, indico la funcionaria Sassarini en la mañana del martes.
En efecto, el propósito de la iniciativa es importante siempre que se pretenda evitar un circuito burocrático innecesario, teniendo en cuenta que sin ningún tipo de agregado de informe técnico, el Juzgado de Minas, remite a la Secretaría de Minería los informes socioambientales presentados por las compañías mineras.
Sin embargo, lo que debe preservar el Poder Ejecutivo es el impedimento a cualquier posibilidad de “lobby”, ante funcionarios designados, solicitando que celeridad de algunos proyectos en desmedro de otros. A priori, este posible tráfico de influencias, es menos probable ante autoridades judiciales.