Así lo establece una Resolución firmada por el ministro Luis Caputo. Según el Boletín Oficial, el financiamiento fue otorgado en el marco de “Argentina Hace” de la gestión anterior.
A través de la Resolución 452/2024 firmada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el Gobierno nacional anunció que “se considera dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”. De esta manera, Nación establece que las provincias y municipios que no hayan terminado las obras presupuestadas, deberán terminar las mismas o, en su defecto, devolver las partidas.
Según la Resolución 452/2024 firmada por Caputo, en su artículo 1, inciso a, “de mediar algún incumplimiento de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor a las obligaciones asumidas en el convenio respectivo, deberá corroborarse si se han adoptado las medidas pertinentes a los fines de procurar la corrección de dicha irregularidad y, en su caso, adoptarlas y eventualmente proceder a recuperar los fondos correspondientes, pudiendo resolver el convenio por culpa de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor”.
Además, señala que se analizará si la provincia o el municipio puede hacerse cargo del financiamiento de las obras inconclusas.
Si la provincia o el municipio, por distintos motivos, no seguirá con la obra, será nación quien decida la continuidad, según el grado de avance, el interés público y, claro, los costos.
En el artículo 2 de la Resolución, indica que, si se decide seguir con las obras, el plazo de ejecución será de 120 días, pudiendo prorrogarse el plazo.
Y en su artículo, 3, determina que, si no se sigue con las obras, se deberá devolver las partidas que fueron giradas por Nación.
Lo que deja en claro la Resolución de Caputo, además, es que el Plan Argentina Hace, mecanismo por el cual las provincias y los municipios habían sido beneficiados, deja de existir, confirmado la aplicación de “la motosierra” en la obra pública, motor de muchas de las provincias argentinas.
La medida afecta, además de Salta, a las provincias de Jujuy, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Catamarca y Tucumán.