El Coordinador Administrativo de la Gobernación retiró la denuncia contra el periodista Luis Caro, pero dejó al descubierto una práctica más grave: el uso del aparato judicial para disciplinar voces incómodas y el silencio como estrategia cuando el abuso queda expuesto.
El fallo que sobresee al periodista Luis Caro no es una absolución cualquiera ni un trámite judicial más. Es la confirmación de una práctica cada vez más naturalizada: funcionarios del Ejecutivo que activan fiscales, juzgados y estructuras del Estado cuando les conviene, y que luego, cuando el escenario cambia, levantan el pie del acelerador y se esconden detrás del silencio administrativo.
Es el caso de Nicolás Demitrópulos, coordinador administrativo de la Gobernación, quien impulsó la denuncia que derivó en una causa penal por desobediencia judicial e intimidación pública. No actuó como un ciudadano común: lo hizo desde su cargo, con el peso institucional que eso implica y con recursos que no salen de su bolsillo, sino del erario público. El mensaje fue claro desde el inicio: marcar límites, disciplinar, generar miedo.
Usando el manual del obsecuente, Demitrópulos denunció a Luis Caro, poco después de que lo hiciera el gobernador por contenido de redes sociales que subía el periodista. Caro, incluso, fue detenido durante unas horas tras la denuncia de Gustavo Sáenz.
Pero, en relación a la novedad en la causa, el problema no es solo que la acusación haya sido retirada. El problema es todo lo que pasó antes. Meses de proceso judicial, desgaste personal y profesional para el acusado, tiempo y recursos del Poder Judicial puestos al servicio de una causa que, finalmente, el propio denunciante dijo ya no tener interés en sostener. Cuando el poder decide que ya no necesita apretar, simplemente se corre y deja tierra arrasada.
El fallo es contundente en un punto incómodo: la acusación contra el periodista, que tuvo el patrocinio legal de Humberto Vázquez, se desarma no porque nunca haya existido el aparato para sostenerla, sino porque quien la impulsó decidió bajarse.
Así funciona el abuso institucional: se inicia con fuerza, se sostiene mientras sirve políticamente y se abandona cuando empieza a incomodar o a exhibir sus límites constitucionales, como ocurrió aquí con la libertad de expresión.
Demitrópulos no es un dirigente electo, no pasó por las urnas, no representa a nadie más que al gobernador que lo designó. Sin embargo, tuvo en sus manos la capacidad de poner en marcha una maquinaria penal completa.
El sobreseimiento repara formalmente la situación de Caro, pero no borra el precedente: en Salta, un funcionario puede usar al Estado como un arma política y luego retirarse sin dar explicaciones, sin costos y sin rendir cuentas ante nadie.