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No solo imputaron a los operarios del SAMEC, ahora investigan la protesta

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Tras conocerse que los empleados del SAMEC fueron imputados por homicidio culposo, el ministerio Público informó que iniciará una investigación por la utilización de varias ambulancias utilizadas durante la protesta que los trabajadores del Sistema de Atención Médica de Emergencias y Catástrofes iniciaron anoche y continuaron hoy por la mañana.

Hay 8 imputados por el delito de homicidio culposo y uno de los efectivos policiales, además fue acusado del delito de vejaciones. Cuatro policías no quisieron declarar mientras que los 4 empleados del SAMEC prestaron declaración.

Por estas horas, trabajadores del SAMEC continúan el reclamo iniciado anoche por la liberación de sus compañeros que quedaron imputados en el caso Matías Ruiz, el peluquero que falleció la semana pasada tras correr desnudo por la ciudad. Aseguran que no hay certezas sobre la relación de los operarios.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, integrante de la Unidad Fiscal que investiga la muerte de Matías Nicolás Ruíz, imputó este miércoles a Luis Alberto Rivas Pérez, Alejandro Huari, Gonzalo Federico Farfán, Marcela Silvana Giménez (operarios de SAMEC), Sergio David Llanes, Néstor Damián Ulloa, Ricardo Ariel Sierralta y Héctor Matías Rodríguez (efectivos policiales) como autores del delito de homicidio culposo. A Rodríguez se le imputa además, el delito de vejaciones en concurso real.

En la fundamentación de la acusación, Salinas Odorisio sostiene que los efectivos policiales imputados, el día del hecho, interceptaron y demoraron a la víctima con una actuación exagerada para el contexto en el que se desarrollaban los sucesos. En el caso particular del efectivo Rodríguez, de los registros fílmicos analizados, se puede observar que hace uso inadecuado de la fuerza e inobservando los principios de congruencia y proporcionalidad, sitúa su pie derecho sobre el cuerpo de la víctima, empujándolo para luego, con el mismo pie, apoyarse y presionar sobre su humanidad.

Llamativamente, y en un accionar inédito, el fiscal González, inició actuaciones tendientes a investigar el  empleo de bienes del estado afectados al cumplimiento de un servicio esencial, como es el de la Salud Pública, para la realización de medidas de protestas.

El caso de Guri Farfan

Este caso  recuerda al de Jorge David Farfán Vera, quien falleció entre el 8 y 9 de febrero de 2019 en un operativo policial de la Comisaría del barrio Santa Ana.

El padre, Jorge Farfán, insistía en que su hijo no había muerto por consumo de drogas, como informó en un primer momento el Ministerio Público Fiscal, ya que  las contradicciones entre el informe oficial de la autopsia saltan a la vista.

El informe de la junta médica que revisó esta autopsia concluyó en que el joven presentaba traumatismos y en que la causa de muerte no está vinculada a los estupefacientes.

Los sospechas sobre las causas de la muerte del joven de 24 años se instalaron desde el mismo momento en que se produjo el deceso, en circunstancias que hasta el día de hoy no han sido esclarecidas.

 

Aquella noche del 8 de febrero el joven había participado de un encuentro con otras personas, en algún momento fue despojado de su ropa y fue visto corriendo en ropa interior, pidiendo ayuda, más tarde vecinos  vieron cuando era golpeado frente a una casa supuestamente porque les quería robar. En esas circunstancias fue detenido por policías de Santa Ana, esa fue la última vez que se lo vio con vida.

 

El  informe del oficial del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y el del médico Marcos Cabezas, que participó como perito de parte y concluyó que la muerte se produjo por traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax y traumatismo cerrado de abdomen. En cambio, el informe del CIF sostenía que la muerte se había producido por un edema agudo de pulmón asociado al consumo de drogas, lo que informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.

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