Por la grave crisis institucional, Pablo González metió un volantazo y modificó la estructura del gabinete.
La falta de políticas públicas que beneficien al colapsado sistema sanitario tuvieron una fuerte repercusión dentro del gobierno oranense y generaron que 5 funcionarios presenten sus renuncias para que el intendente modifique la estructura de su criticado gabinete.
Falta de gestión y transparencia, promesas incumplidas y el poco apego a la ley fueron el detonante para que implícitamente González recibiera las dimisiones. Las muertes por covid y la falta de insumos y camas siguen siendo el pedido desesperado oranenses que continúan sin ser atendidas.
El volantazo implicó el envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para reorganizar el organigrama de su planta política. El intendente también anunció que enviará un proyecto de resolución de «contención de gastos» por la crítica situación económica, tal cual como él mismo la definió.
«No habrá nuevas designaciones, se congelarán los sueldos de la planta política hasta fin de año y tampoco se podrán crear nuevas secretarías, gerencias y coordinaciones que signifiquen una mayor erogación; lo mismo que gastos en inmuebles y otros», señaló el González dijo mediante un comunicado de prensa.
El nuevo organigrama prevé la supresión de las Secretarías de Comunicaciones y Legal y Técnica. Los cambios implementados ya generaron una fuerte polémica a partir del anuncio de la pérdida de rango de las Secretarías las de Salud y de Seguridad, justo las áreas que se suponen esenciales para enfrentar la pandemia.
A todo esto, Gonzalez sigue sin responder por la cuestión más apremiante: qué ocurre con el dinero de las arcas públicas, cuáles fueron los flujos de fondos y para qué los utilizó.