Mirta Lapad advirtió que centrar el debate en castigar más temprano a los adolescentes es “una salida fácil que no resuelve la inseguridad y desconoce la realidad social” de los menores en conflicto con la ley.
Mientras el Gobierno nacional impulsa una reforma del Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad, desde Salta la respuesta fue clara. La Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, se sumó al rechazo expresado por defensores y asesores de todo el país y calificó la iniciativa como “un retroceso”, tanto en términos jurídicos como sociales.
Lapad, que representa a Salta en el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, sostuvo que el debate está mal planteado desde el inicio. “Es necesario un régimen aggiornado a la realidad, pero centrar la discusión en bajar la edad es reducir el debate”, señaló, marcando distancia de una lógica punitivista que, según advirtió, no ataca las causas reales del problema.
En esa línea, la defensora salteña puso el foco en una dimensión que suele quedar fuera de la agenda política: las condiciones en las que viven los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal.
“Estamos hablando de chicos que, en general, tienen su problema de base en las adicciones, ya sea el alcohol o la droga. En este aspecto, debemos ayudarlos a transitar estas realidades y no llegar solo como sancionadores”, afirmó.
Las advertencias de Lapad no son aisladas. El Consejo Federal de Defensores y la Asociación Civil de la Defensa Pública (ADEPRA) manifestaron su “profunda preocupación” por el proyecto enviado al Congreso y recordaron que la participación de menores en delitos graves es estadísticamente baja, especialmente en el caso de los menores de 16 años. Incluso, remarcaron que la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes están vinculados a robos y hurtos, y que casi el 90% de los casos se concentran en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA, una realidad muy distinta a la del interior del país.
Desde el ámbito técnico y científico, los defensores subrayaron que está demostrado que el desarrollo pleno del lóbulo frontal —clave para el autocontrol y la toma de decisiones— se alcanza después de los 20 años. Un dato que refuerza la idea de que los niños y adolescentes no pueden ser tratados como “adultos pequeños”, ni sometidos a las mismas penas ni responsabilidades penales.
Lapad también cuestionó la efectividad real de la propuesta oficial. “No creo que, en cuanto a los índices o indicadores delictivos, este proyecto vaya a modificar la inseguridad”, planteó, en sintonía con los datos comparativos que muestran que en países donde la edad de punibilidad es más baja no disminuyó el delito, sino que, en muchos casos, los índices de violencia son más altos.