Greenpeace exigió al gobernador que suspenda cualquier actividad de deforestación en la provincia.
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos venció en 2014 y recién este año comenzó lentamente el proceso de revisión.
En una carta presentada el 1 de septiembre, plantean: la suspensión de la deforestación, un relevamiento del territorio de las comunidades indígenas; el respeto por el hábitat del yaguareté (especie en peligro de extinción), y la necesidad de ampliar la participación en el Consejo Asesor.
Además indicó que durante ese período el gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey “realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley 26.331), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”. Y, además, las fincas que se desmontaron de manera ilegal “aún no fueron restauradas”.
Señalaron que la ley nacional que protege los bosques nativos es clara en su artículo 7 al establecer que “las jurisdicciones que no hayan realizado su OTBN no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos”; y en su artículo 8, en el dispone que “durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes”.
Sobre los plazos de actualización de ese OTBN, el decreto reglamentario de la Ley 26.331 dicta que debe realizarse cada 5 años. De todo lo anterior se desprende que ante la falta actualización del ordenamiento territorial no pueden autorizarse desmontes, dado que de esa forma se estaría ante la incongruencia de que se deforestara lo que potencialmente podría ser definido por el nuevo OTBN como una zona protegida.