El Procurador Pedro García Castiella denunció infiltración del narcotráfico en la política local y, a contramano de los dichos del ministro de Seguridad quien sostiene que en la provincia no hay bandas narcos, afirmó que existe un plan quedarse con las intendencias del norte.
En una intervención explosiva, el Procurador Pedro García Castiella desató una ola de alarma sobre la alarmante presencia del narcotráfico. Sin rodeos ni eufemismos, Castiella ha revelado la existencia de un plan sin precedentes para subvertir las estructuras de poder en el norte del país.
Castiella aseguró que las últimas elecciones fueron el campo de batalla de un complot de organizaciones criminales que buscaban tomar el control de las intendencias en el norte. Citó el caso de José “El Oso” Dimas Ruiz, candidato a intendente de Orán, quien fue arrestado por su implicación en el robo multimillonario a la empresa Abra El Sol. Este caso, según Castiella, es el ejemplo perfecto de cómo los narcotraficantes intentan infiltrarse en el ámbito político.
“El objetivo de estos grupos es descarado: tomar el control de las intendencias del norte. Es imperativo que miremos dentro de nuestras instituciones y reconozcamos que hay intendentes profundamente comprometidos con las investigaciones criminales. No se trata de rumores; al menos uno de ellos está realmente metido en esto”, subrayó Castiella con firmeza.
“Existía un plan para controlar las intendencias”, enfatizó y a la vez sostuvo que “la organización del Gringo Palavecino demuestra que el crimen organizado está decidido a infiltrarse en los gobiernos municipales”, agregó el jefe de fiscales.
Pero eso no es todo. Castiella también lanzó contra el sistema judicial, centrando su fuego en el juez Claudio Parisi, quien está bajo investigación desde el año pasado. Castiella no dudó en calificar las acciones de Parisi como “de las más graves y repugnantes en una estructura constitucional y democrática”. Según él, el juez ha estado negociando con el crimen organizado, ofreciendo beneficios procesales y facilitando la impunidad a cambio de favores personales.
“Estamos hablando de una corrupción que no conoce límites. El dinero del narcotráfico está comprando la justicia”, advirtió Castiella.
La situación de inseguridad en la provincia de Salta es crítica y el gobierno en esa cartera parece estar a la deriva. Los asesinatos mafiosos en aumente son un claro indicador de la falta de control y la impunidad que impera.
Ante esto, el ministro de Seguridad Marcelo Domínguez, cuando es consultado al respecto, ningunea el asunto diciendo que no pasa nada con el narcotráfico. No obstante, ahora otro funcionario, el jefe de los fiscales, se sale a reconocer que hay bandas que pretenden quedarse con las intendencias del norte.
Ese baño de realidad que se otorgó en la conferencia de prensa fue histórico por el reconocimiento de la situación. Hay una pelea y no eso es por la droga, es mucho más grave porque incluye la trata de personas y van por las instituciones. Fue blanquear la situación y una desmentida a Domínguez.
Sin embargo, el problema es que tanto el gobierno nacional como el provincial han mostrado un preocupante desinterés en controlar la frontera. Esta indiferencia es lo que permitió que el narcotráfico se expanda sin obstáculos.
La denuncia de un plan de conspiración contra el Procurador Pedro García Castiella subraya la gravedad de la crisis. Es hora de que se tomen medidas serias y contundentes.