La acusación contra Martín De La Arena es por tentativa de fraude y estafa, todo en concurso real. Al mismo tiempo, la fiscala pidió el sobreseimiento por Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.
Hoy se conoció la noticia de que la fiscala de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías N°4, la elevación a juicio contra Martín De La Arena, acusado por tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos) y por tentativa de estafa, todo en concurso real.
El médico involucrado en el plasma gate se salvó de la acusación por Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función. Según Salinas Odorisio, “no pudo acreditarse que el obrar del mencionado médico haya estado efectivamente direccionado a la confección o ejecución de algún contrato o negociación en el cual haya intervenido interesándose en miras a un beneficio propio o de un tercero”.
Lo cierto es que desde hace ya mucho tiempo, Martín De la Arena es acusado por severas irregularidades con la sangre. En 2013, una investigación del periodista Daniel Murillo, expuso al profesional mientras se encontraba a cargo del Centro Regional de Hemoterapia, siendo además propietario de una empresa privada de sangre, lo que a consideración, resulta un tanto incompatible.
Todo comienza después de su salida forzada del Hospital Materno Infantil tras la muerte del niño Luciano Martínez atravesada por irregularidades, realizó maniobras con los socios de su empresa de sangre y se «abrió» de la SRL HemoSalta (todavía tercerizada del Hospital Materno Infantil) dejándola en manos, al menos en los papeles, de Mónica Alejandra López, actual encargada de hemodonación y colecta del Centro Regional del Estado.
El periodista en su investigación afirmó que el propio Mascarello, ministro de Salud por aquel entonces, reconoció tener a Drácula en el Centro de Hemoterapia.
Sobre los dos hechos de fraude a la administración pública que llevarían a juicio a De La Arena, Salinas Odorisio se basó en la declaración testimonial de distintas funcionarias y funcionarios, además de evaluar los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales y la investigación realizada por el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).
Los hechos
Entre los argumentos brindados por la fiscala en el pedido de elevación a juicio, se encuentran las pruebas de que De La Arena -como socio gerente de Hemosalta SRL- para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, solicitó en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.
La primera presentación fue rechazada ya que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto a sabiendas de que, al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.
Salinas Odorisio explicitó que De La Arena no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS era de $4607,88.
Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. La obra social en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.
En cuanto a la tentativa de estafa, la investigación llevada adelante por la UDEC demostró que De La Arena, como socio gerente de la Empresa HEMOSALTA SRL, entidad habilitada para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, realizó transfusión de plasma a una paciente que se encontraba internada en el Hospital Santa Clara de Asís. Luego solicitó a la ART Prevención, el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado. La ART rechazó el pago de los $75.992,12.
Según consta en el requerimiento de Salinas Odorisio, “el ardid desplegado consistió en intentar que la ART realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo, de esta manera la ART, en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía”.