La fiscalía endureció la imputación contra Luis Gerónimo Cisneros y su entorno: contrabando a gran escala, cohecho agravado y una escena que expone cómo se ofrecía dinero para torcer una causa judicial.
“Hay plata, mucha plata. Cisneros quiere garantías de que no quiere ir en cana”. La reconstrucción de ese momento, según la fiscalía, se volvió una pieza central en la audiencia de formalización que encabezó la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández. Allí, el Ministerio Público no solo sostuvo la acusación: la profundizó.
Luis Jerónimo Cisneros, exlegislador romerista y luego importante dirigente del saencismo en el norte provincial, pasó a quedar formalmente imputado como jefe de una asociación ilícita dedicada al contrabando a gran escala. Pero no es lo único. La fiscalía pidió ampliar la acusación para incluirlo como coautor de cohecho calificado, una figura agravada por el intento directo de soborno, y por la tenencia de armas de fuego de uso civil y condicional.
En ese esquema aparece por primera vez con nombre y apellido José Miguel Álvarez. No como un actor menor, sino como parte de la estructura: “una especie de secretario” que, según la investigación, trabajó durante años junto a Cisneros. La fiscalía lo ubicó como miembro de la misma asociación ilícita y como ejecutor material del ofrecimiento de dinero. El gesto, sin rodeos: plata a cambio de garantías judiciales.
El destinatario tampoco es difuso. La acusación apunta a un funcionario del Ministerio Público Fiscal: un fiscal auxiliar y un secretario de primera instancia. El objetivo, siempre según la hipótesis fiscal, era claro y urgente: asegurarse la libertad de Cisneros y condicionar su situación procesal en la causa.
El expediente no se sostiene solo en declaraciones. La fiscal federal Lucía Orsetti habló de “mucha prueba” y detalló una serie de procedimientos que incluyeron secuestros en el domicilio del exlegislador, ubicado en un barrio privado de General Mosconi. Allí encontraron grandes sumas de dinero en efectivo, un arma de fuego, computadoras y los circuitos de cámaras de seguridad tanto de Cisneros como de su hijo, Matías Ezequiel Cisneros. Un entramado doméstico que ahora pasó a ser material de análisis judicial.
“Hay mucha evidencia para analizar y por ahora rigen para Álvarez y para Cisneros, sus prisiones preventivas. Van a quedar detenidos por los próximos 60 días, por lo menos”, dijo la fiscal.
En el medio, una red que mezcla poder político, dinero en efectivo, vínculos aceitados y un intento fallido de torcer el rumbo de la Justicia. Todo bajo la lógica de la billetera llena.