En la provincia de Salta, la población que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios es de 142.870, del cual el 50,6% son mujeres.
El Gobierno de Javier Milei no para de complicarle la vida a millones de argentinos, casi a diario. De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial de este martes, el Gobierno libertario eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. De esta manera se puso fin a un largo trabajo de más de tres décadas, que se sostuvo a lo largo de gobiernos de distinto color político, para construir un mapa nacional de comunidades indígenas.
La Resolución 53/2024, que lleva la firma del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, en su artículo 2 de la polémica medida establece además la “suspensión de todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas que se encuentran actualmente en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan”.
El RENACI fue creado para asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente. Se busca un apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país para asegurar su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
Con el registro como comunidad, y a través del INAI, se implementaron varios programas que permitieron su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal y artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes, tal como lo establece el Decreto 410/2006 que reglamenta su estructura organizativa.
Según el censo de 2022, en la provincia de Salta, la población que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios es de 142.870, del cual el 50,6% son mujeres.
Si bien las desigualdades entre los integrantes de los pueblos originarios y quienes viven en las ciudades es abismal, el registro de sus comunidades les daba, al menos, una oportunidad para que, a través de alguna política pública, se los pueda asistir con alimentos o brindarles alguna herramienta para su desarrollo. Ahora, el Gobierno nacional deja a este sector de la población argentina más desamparados que nunca.