La persistente decisión del gobernador Sáenz de respaldarlo plantea interrogantes sobre las razones políticas y personales que podrían estar detrás de esta lealtad.
En el escenario político salteño, pocas figuras han generado tanta controversia en los últimos tiempos como Sergio Chibán. Empresario vinculado al deporte y funcionario con acceso a despachos clave, su nombre ha estado envuelto en distintos episodios que van desde el uso discrecional de fondos públicos hasta conflictos de interés con organismos deportivos. Sin embargo, lejos de ser apartado Chibán no solo se mantiene en su puesto, sino que conserva la confianza del propio gobernador Gustavo Sáenz.
Este blindaje político resulta, como mínimo, llamativo. No se trata de una única denuncia o de rumores infundados: las sospechas sobre manejos irregulares y favoritismos en la distribución de recursos han sido documentadas por medios locales e incluso por actores del mismo oficialismo.
El escándalo que protagonizó Chibán, también presidente de la Agencia Salta Deportes, junto a Marcos Milincovic, y que derivó en una causa penal y en una investigación judicial, por un supuesto esquema de desvío de fondos públicos por 90 millones de pesos, lo dejó más expuesto que nunca.
Este último caso revela presiones, amenazas y manejos opacos. Sin embargo, a pesar de las denuncias y de los audios sobre las amenazas que ya circulan en redes sociales, sigue manteniendo su cargo. En otras circunstancias y en otro gobierno, una figura tan cuestionada sería alejada para evitar costos políticos. No es el caso. La pregunta inevitable es: ¿qué lo hace intocable?
Algunos apuntan a una relación personal estrecha entre Sáenz y Chibán, tejida al calor de intereses compartidos en el deporte y la política. Otros sugieren que el dirigente deportivo se ha vuelto una pieza clave en la maquinaria territorial del oficialismo, con vínculos en clubes, ligas barriales y sectores juveniles que funcionan como usinas de apoyo electoral. De ser así, su permanencia no obedecería a méritos de gestión, sino a la conveniencia pragmática de sostener una red clientelar útil de cara a futuros comicios.
También existen hipótesis más inquietantes. ¿Acaso Chibán maneja información delicada que podría incomodar al Ejecutivo? ¿Es posible que existan pactos no escritos que lo protegen, aún a costa de la imagen del propio gobierno? La ausencia de respuestas oficiales, sumada al silencio del entorno cercano de Sáenz, no hace más que alimentar estas sospechas. Y mientras tanto, la confianza de la ciudadanía en las instituciones sigue resquebrajándose.
Cuando el poder se cierra sobre sí mismo y justifica lo injustificable en nombre de la gobernabilidad o la lealtad política, se pierde el sentido republicano del servicio público.
Por eso, más allá de las razones que expliquen la presencia de Sergio Chibán en el gobierno, lo urgente es exigir transparencia. La ciudadanía merece saber por qué sigue ahí. Y, sobre todo, qué se está protegiendo al sostenerlo.