Si a la falta de prórroga suficiente para frenar los desalojos de los campesinos criollos en la provincia le faltaba un impulso para hundirlos,
este se encuentra en la resolución del Gobierno nacional que termina por desfinanciar la posibilidad de que sigan adelante con un posible desarrollo.
Mediante decisión del Gobierno el 6 de septiembre pasado se modificaron algunas cuestiones del programa Cambio Rural.
Si bien el programa existe desde 1993, en 2013 había sido modificado para poder incluir a los pequeños productores y agricultores familiares a fin de que accedan a la tecnología necesaria para un mejor desarrollo de sus producciones.
Con la nueva resolución, quienes aparecen son aquellos agricultores capitalizados, es decir quienes cuentan con empleados a cargo. Muchas veces coinciden con quienes manejan grandes extensiones de tierras, desmontes y commodities que les permiten comercializar al exterior los granos y beneficiarse con los vaivenes del dólar.
Quienes tienen tierras en las manos
“Las autoridades políticas del Ministerio de Agroindustria y el INTA creen que el sujeto rural es otro, sin comprender que el 75% de los que cultivan la tierra son agricultores familiares”.
“Para la gestión actual de ruralidad solo contempla a un 25% de los propietarios que se encarga de generar los commodities más rentables como la soja y el girasol, en el ámbito de los agronegocios. De esta manera, la política implementada en el sector es una política económica direccionada a los grupos concentrados bajando las retenciones notablemente y devaluando la moneda para que vendan lo almacenado en silos bolsas.
En base a esto no podemos dejar de denunciar que la nueva decisión administrativa que modifica el programa Cambio Rural dejó a 880 grupos afuera del programa. Con este cambio busca vaciar el programa de productores de la agricultura familiar que producen los alimentos. Es decir, aquellos que tienen tierra en las manos”, indica el comunicado de los trabajadores de ATE Agroindustria a nivel país.
Al ser consultado por la situación, el delegado de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) en Salta, Ricardo Bima, indicó a Nuevo Diario que la situación podría complicar a los agricultores familiares de la provincia.
Entendió que una de las zonas que cuentan hasta ahora con capacitaciones que les permitían a los jóvenes de las familias agricultoras manejar nueva tecnología es la del Chaco Salteño. “Se habían armado (las capacitaciones) en el marco del programa del INTA para capacitar sobre todo con la tecnología para manejo ganadero en la zona y la incorporación que habían hecho para la infraestructura para venta de ganado. Probablemente los proyectos se terminen y se suspendan”, deslizó.
Fuente: Nuevo Diario