Un conflicto entre las autoridades de la Auditoría y el gremio de trabajadores del organismo amenaza con judicializarse. Acusan al presidente Abdo Omar Esper de incumplir un compromiso desde hace 3 años.
Los trabajadores de la Auditoria General de la Provincia habían acordado con las autoridades avanzar en un convenio colectivo del sector, en el que se plasmaría la estructura del órgano y la carrera administrativa.
Sin embargo, el compromiso lleva nada menos que tres años de demora y no hay avances. Pero aún, los llamados a concurso siguen sin subordinarse a reglas claras y los trabajadores denuncian arbitrariedad y contrataciones precarias.
Con este panorama, los empleados no se sienten con la libertad de ser un verdadero órgano contralor con la autoridad suficiente de investigar a fondo las arbitrariedades del Estado. Con nombramientos sin concurso, o con concursos dudosos, todo parece quedar atado a un sistema de premios y castigos.
Es decir que el órgano que debería ser ejemplo de transparencia, también está atravesado por los desmanejos y arbitrariedades de todo el gobierno de Urtubey.
El conflicto ha pasado al ministerio de Trabajo de la Nación y amenaza con judicializarse.