La deliberación en comisiones de la Convención Constituyente de Salta ha finalizado. Tras una experiencia de 13 años en los que hubo dos ampliaciones del Máximo Tribunal, no se puede concluir en que el servicio de Justicia ha mejorado ni que se atenuó la morosidad judicial.
Cada una de las salas específicas de debate ha tenido importante aporte para que dentro de lo acotado de la reforma, la misma sea una oportunidad para hacer ajustes elementales en pos del objetivo de Calidad Institucional que se presenta -al parecer- sólo en lo discursivo.
En la comisión de Poder Judicial se depositaron amplias expectativas, no era para menos, hubo precedentes que de manera irregular e improcedente pretendieron la inamovilidad de los jueces de la Corte durante los últimos años, el primero de ellos fue un proyecto enviado por el exgobernador Urtubey con el proyecto de Autolimitación de los gobernadores para postular jueces de Corte, el segundo una Acción de Inconstitucionalidad contra la Carta Magna provincial, para lograr la inamovilidad presentada por la Asociación de Jueces (algo así como pedir declarar inconstitucionalidad de la constitución) a ello se suma un mensaje disperso del actual Gobierno a la hora de precisar cuál era la pretensión.
No es menor el dato de que actualmente el funcionario provincial del área sea Diego Pérez (Secretario de Justicia), quien como senador en 2017, fue el miembro informante para que en el Senado se apruebe el proyecto de “Autolimitación” que luego caducó en Diputados.
Más jueces: ¿Más justicia?
En febrero de 2020, en plena Emergencia Sociosanitaria con niños muriendo por desnutrición en el norte, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y la Legislatura aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo que se amplió de siete a nueve la cantidad de jueces de la Corte de Justicia.
Las argumentaciones rondaron en torno a la importancia de agilizar el servicio. No se advierte que haya sucedido.
Lo que sí fue muy notorio es que esa iniciativa casi fue un calco de lo ocurrido en 2008, cuando también durante los primeros meses del anterior gobierno, Urtubey hizo lo propio y amplio de cinco a siete los integrantes de la Corte.
En la convención, puntualmente en la comisión de Justicia, se propuso que se fije en 5 la Constitución la cantidad de jueces de la Corte y no dejarlo en un «número impar», de manera que se le dé otro rango a la conformación de la cúpula del Poder Judicial y que el próximo Gobernador no emule a los dos anteriores y continúe ampliando de acuerdo intereses poco claros. No prosperó, se impuso la mayoría.