El destituido exintendente de Aguaray está acusado de saquear bienes nacionales. Tras 5 meses de audiencias, el juicio llegará a su fin el próximo 2 de diciembre.
Ya tiene fecha el final del proceso judicial que se lleva adelante contra Jorge Enrique Prado y otros exfuncionarios municipales de Aguaray por el robo y venta de los caños que estaban “abandonados” pertenecían al Gasoducto NEA, cuya construcción había estado a cargo de la constructora Servicios Vertúa. Se trata de caños de alta presión que estaban valuados en 5.000 dólares cada uno. En un principio se habló de 35 kilómetros que se robaron, pero al final los dejaron en 8.
Prado está imputado por robo agravado y fraude a la administración pública. Ello debido a que la maniobra ilícita se facilitó a partir de una resolución municipal que lleva su firma. Otro implicado es Adrián Antonio Vera, quien fue detenido un par de semanas antes de iniciarse el juicio. Fue de este último de quien se valió el fiscal Eduardo Villalba para imputar a una decena de personas más.
Fernando Teseyra, abogado defensor de Prado, en sus alegatos consideró que por más imputado colaborador que sea, la sentencia para su defendido y para el resto de los imputados no puede girar en torno a la declaración de Vera.
«El Ministerio Público Fiscal dice que hay que creerle a (Antonio Adrián) Vera; creemos en Dios por un acto de fe que no se razona ni se analiza. Pero ¿sin tener apoyo probatorio alguno tenemos que creerle a Vera? Pues no, primero porque la ley lo prohíbe, ya que una sentencia no puede fundarse solamente en los dichos de un imputado colaborador», señaló Teseyra.