Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) Salta es la provincia que posee mayor cantidad de hectáreas cuyos propietarios son capitales extranjeros. Las zonas más ocupadas se encuentran en San Carlos, en los Valles Calchaquíes, y en el departamento de Molinos, donde más de la mitad de los territorios están en manos foráneas.
En Argentina, la situación con los terrenos rurales ha ido en conflicto en los últimos tiempos, dada la cantidad de tierras que se venden a extranjeros, sin consideración de los propietarios originarios, como lo son los pueblos aborígenes.
Y es que la cuestión tiene un trasfondo económico bastante profundo: en el país, casi un 6% del total de los territorios rurales es propiedad de capitales extranjeros, que la utilizan con diversos fines productivos.
La procedencia de los compradores de tierras es bastante diversa: quien encabeza la lista es Estados Unidos, que tiene casi tres millones de hectáreas. Le siguen en importancia Italia, con 2 millones 200 mil hectáreas, y España, con casi 2 millones.
Entre los nombres más populares, se encuentran el empresario Joseph Lewis, o el grupo Glencore o Benetton, ambos con conflictos por territoriales con pueblos originarios.
Otros propietarios se mantienen en el anonimato, ya que utilizan el método de sociedades offshore, donde no están obligados a brindar los nombres de quienes conforman dichas empresas, radicadas en paraísos fiscales.
Para dar cuenta de la magnitud de tierras extranjerizadas, ese casi 6% equivale a 622 veces el territorio de CABA. En el caso de Salta, la cantidad de hectáreas representa un valor altísimo: de las 12 millones y media de hectáreas expatriadas en el país, Salta tiene 1 millón 800 mil hectáreas, lo que representa un 14 %.
La concentración de territorios comprados por capitales extranjeros se halla mayormente en los Valles Calchaquíes y en Molinos, donde más del 55 % de la extensión total de dichos lugares pertenece a terratenientes de otros países.
Entre las actividades productivas a las que se destinan los territorios, se encuentran las que están relacionadas con la ganadería y la agricultura, y en menor medida para el negocio inmobiliario. Muchas de estas actividades han sido denunciadas por los vecinos de la zona, debido a que generan problemas socio-ambientales, y por tanto, un perjuicio a su calidad de vida.
Si bien existe una normativa que regula la cantidad de tierras que pueden ser vendidas a extranjeros, dada por la Ley 26.737, lo cierto es que en ninguno de los casos se cumple con lo allí establecido. Por ejemplo, la ley estipula que las tierras extranjerizadas no pueden superar un porcentaje de un 15% a nivel nacional, provincial o departamental. Sólo tomando el caso de lo que sucede en la provincia, se ve que ese tope no se respeta ni por cerca.
Esto sucede por “interpretaciones” de la ley, que ha permitido, sobre todo desde la gestión de Mauricio Macri, registrar propietarios internacionales como nacionales, por la composición local de ciertas empresas.
Así, los índices de extranjerización, parecieran ser menores en los últimos dos años, cuando en realidad se han modificado las estipulaciones para considerar el origen de las tierras y sus compradores.
Para Salta, y sobre todo para el Valle, la compra de esas tierras no ha generado un impulso económico local importante, que es la excusa con la que se habrían levantado las restricciones porcentuales para la compra de territorios rurales.
En material ambiental, los gobiernos provinciales siguen permitiendo hacer uso y abuso de los recursos naturales, sin respetar normativas, y siguiendo al pie de la letra la lógica empresarial.