La decisión se tomó mediante un DNU en septiembre de 2014 por dos años y se prorrogó por tercera vez. En esta ocasión por iniciativa legislativa. Los datos siguen siendo alarmantes y las denuncias crecieron un 50 % en tres años.
El Senado aprobó en definitiva el prouecto de ley en revisión aprobado a principios de septiembre por Diputados. Previo a la sesión, esta semana se analizó el impacto social generado por la Ley 7.857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en Salta, en una reunión con la Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en representación del cuerpo, Inés Bocanera.
Bocanera dijo que la Ley 7857 fue sancionada en el año 2014 con el objetivo de poder erradicar el fenómeno de la violencia que venía incrementándose sin que existiera capacidad de respuesta. Sostuvo que el pedido se basa en la necesidad de seguir avanzando sobre tres ejes que son el fortalecimiento institucional; el desarrollo normativo y el Plan de acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Bocanera dio estadísticas y dijo que las denuncias sobre violencia de género pasaron de 14.695 en 2016 a 21.701 en 2019, atribuyendo el aumento a un proceso de visibilización y al hecho que hoy existen más lugares donde pueden recurrir las mujeres que atraviesan por situaciones de violencia.
Dijo que los femicidios en Salta fueron 9 en 2016; 23 en 2017; 11 en 2018, 17 en 2019 y 8 en lo que va del año, agregando que esa estadística se fortaleció con tentativas de femicidio, que pasaron de 4 en 2019 a 36 este año en el contexto de restricciones por la pandemia.
Durante el tratamiento del proyecto, la senadora por La Caldera, Silvina Abilés, destacó la importancia y la necesidad de prorrogar la norma y citó el informe de Inés Bocanera.