Se conformó el “Foro de Estudios y Seguimiento de las altas instituciones del Estado provincial y de las administraciones públicas”.
El mismo está compuesto por un grupo de notables abogados, quienes mediante un comunicado señalaron que sus objetivos son “coordinar las tareas conducentes a mejorar el funcionamiento de aquellas instituciones públicas para lograr se adecuen a los principios y normas de la democracia republicana”.
El grupo está conformado por Fermín R. Aranda, Gustavo Barbarán, Neil Buhler, Osvaldo Camisar, Armando Caro Figueroa, Fernando Chamorro, Nora Chibán, Santos Jacinto Dávalos, Martín Díaz, Sonia Escudero, Luis García Vidal, María Cristina Garros Martínez, Ricardo Gómez Diez, Gonzalo Guzmán Coraita Enrique Juncosa, Diego Mariño, Juan Agustín Pérez Alsina, Manuel Pecci, Alfredo Puig, Ricardo Alfredo Reimundin, Pino Rocha Alfaro, Sergio Santillán Cabezas, Julio Argentino San Millán y Alejandro Saravia.
El comunicado anuncia que los firmantes se constituirán como “amigos del tribunal” en los expediente en donde tramitan las acciones de inconstitucionalidad que pretenden tan ilegal alteración de los mandatos de los miembros de nuestra Corte de Justicia”.
Los letrados consideran que “la independencia del Sistema Judicial -Poder Judicial y Ministerio Público-, y su correlativo deber de hacer cumplir la Constitución y la ley preservando los derechos de sus habitantes están severamente amenazados”.
Uno de los impulsores de la iniciativa, Santos Jacinto Dávalos, explicó en El Tribuno que “estamos convencidos de que la independencia de la Justicia se garantiza con el acceso de los mejores a la magistratura. Y los mejores, sin duda, son aquellos que surgen de concursos transparentes, controlados y evaluados por consejeros idóneos e independientes, siguiendo reglamentos adecuados que incluyan la obligación de indagar sobre el compromiso democrático de los postulantes”
Dávalos detalló que “para hacer realidad el principio de independencia de los jueces” proponen “debates constructivos” sobre:
- a) Composición, competencias y reglamentos del Consejo de la Magistratura y del Jury de Enjuiciamiento;
- b) Programas y evaluaciones de la Escuela de la Magistratura;
- c) Plan Estratégico de la Corte de Justicia de Salta y Ley orgánica del Poder Judicial;
- d) Urgente incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de procesos;
- e) Vigencia del Código de Ética Judicial;
- f) Independencia (de los factores de poder) y autonomía (respecto de los jueces ordinarios) del Tribunal Electoral;
y g) Participación de organizaciones no gubernamentales en el seguimiento del servicio de justicia.
Delegación de atribuciones
Dávalos puntualizó, asimismo, que a pesar de que la Constitución de Salta prohíbe expresamente la delegación de facultades propias de un poder a otro, el Poder Legislativo permite al Poder Ejecutivo la sustitución de partidas presupuestarias “con lo cual declina su privilegio y obligación de elaborar el presupuesto anual”.
“Cuando la Legislatura no cumple su rol de contralor, sólo queda el derecho penal y esta es una de las causas de politización de la justicia”, opina el letrado.
El nuevo foro se propone asegurar una mayor transparencia en la Auditoría de la Provincia, garantizando “el control democrático”, para alentar “la inversión productiva y, por ende, el desarrollo económico y social que ha de centrarse en la creación de empleo decente y en las adecuadas prestaciones sociales”.
“Nuestros objetivos son múltiples y ambiciosos”- explicó Santos Dávalos – y se definen alrededor de la supremacía de la Constitución, los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución. Así como de la necesidad de que todos los poderes del Estado funcionen bajo los postulados del “Estado Abierto” esto es: transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, colaboración y participación ciudadana.