Se trata de un tema que divide al oficialismo y su desenlace impactará directamente en el debate que se dará en el Congreso cuando el presidente Alberto Fernández envíe el texto del acuerdo con el Fondo.
Para las empresas distribuidoras de electricidad y gas implica el arranque del reajuste tarifario que reclaman por distintas vías, públicas y privadas.
La firma del entendimiento con el FMI implicó una inflexión para el lobby que llevan adelante las empresas de servicios públicos privatizadas con el objetivo de aplicar aumentos que superen el 50%. Así como Martínez confirmó este viernes el esquema de segmentación, el año pasado había dicho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que estaban trabajando en concluir ese modelo, mientras las empresas distribuidoras avanzaban con el empadronamiento compulsivo de los usuarios.
Según IP: «El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya tiene desde diciembre el nuevo esquema desarrollado junto a expertos del CONICET. La filtración inicial dejó en evidencia que el jefe del Palacio de Hacienda cuenta con esa herramienta desde diciembre y todavía no la utiliza, cuando sus defensores le echaban la culpa al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y al titular del ENRE, Federico Bernal sobre la presunta demora del esquema».
Las consecuencias políticas de este primer aumento divide posiciones dentro del oficialismo y las empresas ya han dado algunas señales de interés. Hasta los diputados de Juntos por el Cambio le recuerdan a las mismas firmas que esperan el aumento que tuvieron ganancias extraordinarias durante la presidencia de Mauricio Macri y por eso no salen abiertamente en defensa de un tarifazo.