Los funcionarios de la Secretaría de Ambiente provincial Liliana Ruarte, Florencia Arnal, y Sebastián Diez Gómez, interrumpieron su rutina y acudieron en la mañana del martes 28, a la comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente de la cámara de diputados.
Sin una sonrisa ni cortesía alguna, su presencia dejó en claro la necesidad del gobierno de bloquear cualquier intento de creación de un ente que regule el tema de los residuos. Los presidentes de la comisión, la diputada María del Socorro López, y el diputado Jesús Ramón Villa, siguieron la línea oficial.
La propuesta del diputado Arturo Borelli, quien presentó un proyecto para el tratamiento de residuos, el cual fue tratado ampliamente en la prensa, sin embargo, no logró entusiasmar a los presentes.
Si bien todos coincidieron en la descripción de la problemática que sufren los municipios del área metropolitana, comenzaron a debatir cuando el autor del proyecto manifestó que su propuesta preveía incluir a la provincia en la gestión de los residuos sólidos urbanos, un rol que hasta ahora solo desarrollaron los municipios.
La iniciativa del parlamentario, al parecer, molestó a los funcionarios de la Secretaría, que llegaron a manifestarle que desconocía la realidad de la provincia, las leyes y el rol de la Secretaría, y presentaron un proyecto propio sobre principios mínimos para la gestión GIRSU y que declara el mismo como un servicio esencial.
Ante la arremetida de los funcionarios provinciales, muchos de los diputados presentes pidieron seguir la discusión en otro momento y no dieron dictamen a ningún proyecto.
Según pudo averiguar Opinorte los puntos principales de la discusión fueron:
Para los funcionarios provinciales, no se puede incluir a la provincia en un autoridad interjurisdiccional, porque la gestión de los residuos en una competencia municipal indelegable; también opinaron que antes de crear una regionalización deberían hacerse estudios para detectar los diferentes hábitos de consumo de los municipios del área metropolitana; y adujeron que crear una nueva autoridad, sería crear una burocracia ineficiente.
Para el diputado Borelli, crear una autoridad interjurisdiccional no altera las competencias municipales, sino que desarrolla la posibilidad de regionalizar la gestión por etapas, según lo dispone la ley nacional 25916, en su art. 7, y los artículos 17 y 18 de la ley 7070; justificó la intervención de la provincia, porque el tratamiento de los residuos implica fomentar las industria del reciclaje, lo que es un rol provincial, según el art. 76 de la Constitución Provincial; también observó que la provincia justificó para crear el actual Plan Provincial GIRSU, la necesidad de crear un marco regulatorio, alegando la existencia de vacíos legales, pero que, a 9 años de ese Plan, y ante su iniciativa, recién se enviaba un proyecto de ley.
Si los representantes del gobierno no ablandan sus posiciones la posibilidad de regionalizar la gestión, dándole un rol a la provincia, no sería posible ya que eso los obligaría a reconocer que en 11 años de gestión de Urtubey se miró para otro lado.
Más allá de la postura política que cada uno sostenga, hay que reconocer en buena hora la discusión respecto a qué hacer con el medio ambiente en Salta.