La gubernamental Oficina Anticorrupción (OA) presentó en los tribunales federales la denuncia penal contra el exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini y Daniel Souto, por presunto enriquecimiento ilícito. Souto es dueño de la finca “Anta Muerta” en Orán e Iruya, que tiene más de 9 mil hectáreas.
La denuncia, que también alcanza al supuesto testaferro llamado Daniel Souto y oriundo del mismo pueblo cordobés que el exfuncionario kirchnerista, quedó radicada por sorteo en el juzgado a cargo de Sergio Torres, el número 12 de los federales penales de los tribunales del barrio de Retiro.
La presentación lleva la firma de la titular de la OA, Laura Alonso, según dijeron fuentes judiciales, además de dos abogadas del organismo. Los datos aportados por la OA a la Justicia llegaron originalmente por vía anónima al organismo anticorrupción y luego fueron corroborados por una investigación preliminar propia con colaboración de la Policía Federal.
Souto, que en el año 2000 estaba inscripto como un trabajador autónomo ante las autoridades impositivas, sería el propietario de una serie de bienes que no se condicen con su origen y actividad -era gomero y súbitamente pasó a ser un importante desarrollador inmobiliario en la ciudad cordobesa de Villa María-, entre ellos un campo, un complejo de cabañas, varias empresas y automóviles de alta gama.
La investigación preliminar que ahora quedó radicada en manos de la Justicia indica que las cinco empresas en las que Souto figura como presidente -dos de las cuales tienen domicilio en terrenos baldíos-, él mismo o su esposa intervinieron en unas 27 operaciones inmobiliarias en la provincia de Córdoba por sumas millonarias respecto de propiedades que ya no les pertenecen.
Además, los investigadores de la OA y la Policía Federal detectaron un campo de 9 mil hectáreas afincado en los departamentos de Orán e Iruya. Se trata de la «Finca Anta Muerta». Allí también tiene radicación una de las camionetas cuya propiedad figura a nombre del presunto testaferro del exfuncionario nacional y actual director por el Estado del Banco Santa Cruz.
«Su nivel de vida no condice con sus ingresos», dice respecto de Souto y su familia la denuncia presentada por la OA. Allí se habla de 21 inmuebles y ocho vehículos.
La primera denuncia anónima recibida en mayo del año pasado en la OA indicaba que Zannini estaría «haciendo negocios con muchísimo dinero» en Villa María y «comprando casas enormes y lujosas, terrenos y lotes, los cuales abonaría al contado».
Una segunda denuncia recibida en la OA, también de manera anónima, en diciembre del año pasado aportó el nombre y los datos de Souto.
Zannini fue el último candidato a vicepresidente de la Nación del kirchnerismo ya que en la elección de 2015 ganada por Mauricio Macri para la Presidencia acompañaba en la fórmula al rival del actual titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en esa contienda, el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli.
La finca en Salta
Según lo que pudo averiguar El Acople, la finca fue rematada en noviembre de 2012, cuando la habría adquirido el supuesto testaferro de Zannini.
El establecimiento está ubicado en el Departamento Orán, tiene una superficie de 9.058 hectáreas, 25 áreas y 4 centiáreas. Las matrículas linderas según títulos son, al Norte, Finca San Carlos (luego de cruzar el Río Iruya); al Sur, con Finca El Oculto; al Este con los ríos Iruya y Pescado en su confluencia y al Oeste, con Finca San Ignacio.
Se accede a la propiedad desde San Ramón de la Nueva Orán, recorriendo unos 17 kilómetros aproximadamente por la Ruta Nacional N° 50, hasta llegar a la Finca Abra Grande y posteriormente se toma un camino interior que utilizaba por la empresa Tecpetrol SA, que atraviesa la finca y permite el acceso por el sector Noreste de la propiedad recorriendo unos 23 kilómetros aproximadamente hasta el Río Pescado.
Sus alternativas de producción son de manejo forestal, con una proyección de aprovechamiento forestal de 6-8 metros cúbicos por hectárea de las principales especies comerciales, de las cuales el 50% del volumen de cosecha corresponde a las especies de mayor valor (cedro Orán, quina colorada, lapacho y roble) y el 50 % del volumen restante corresponde a las especies de valor secundario (cebil, palo amarillo, palo blanco, afata, pacará y urundel). También se aplica para forestación y enriquecimiento; uso de especies de alto valor (cedro australiano) y turnos de corta medianos a largos 15-20 años y cultivos tropicales; agricultura y ganadería.
Fuente: Clarín/El Acople