El Gobernador salteño envió a la Legislatura dos proyectos de ley solicitando autorización para la emisión de títulos de deuda con garantía de la Coparticipación, para obras anunciadas en un endeudamiento anterior y para pagar la refinanciada deuda del Fondo del Bicentenario. Dib Ashur sólo aceptó informar a diputados oficialistas.
Sobre tablas, la desproporcional mayoría oficialista de Diputados de Salta, impuso el tratamiento de dos proyectos de ley para dos nuevos endeudamientos de la Provincia por un monto de 250 millones de dólares.
Los proyectos, firmados por el Gobernador, no fueron anticipados ni publicados en tiempo y forma hasta el momento del inicio de la sesión, en un claro acto de opacidad sobre la información pública.
Por si fuera poco, el ministro de Economía y Servicio Públicos de la Provincia, Roberto Dib Ashur, no concurrió a informar a las comisiones correspondientes y sólo se supo de una reunión a escondidas, durante el lunes por la noche y destinada únicamente a diputados del saencismo.
El primer proyecto toma deuda del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, por un monto de hasta Cien Millones de dólares estadounidenses (U$S 100.000.000), y sin establecer precisiones, se indica que ese monto se destinará al Proyecto de “Infraestructura resiliente para el desarrollo económico regional y la creación de empleo – Salta”.
El pretensioso proyecto refiere a “apoyar el desarrollo económico y la creación de empleo en la minería y sectores relacionados, y actuar de manera eficaz en caso de crisis o emergencia elegible”. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo a garantizar “el pago de todas las obligaciones asumidas por la Provincia de Salta, en el marco del Contrato de préstamo, con los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos”.
El Proyecto contempla la realización de obras que están incluidas en un endeudamiento tomado del FONPLATA en agosto de 2025, también por cien millones de dólares, como la rehabilitación y repavimentación de veinticuatro (24) kilómetros de la Ruta Nacional N° 51, desde Campo Quijano hacia San Antonio de los Cobres; el desarrollo y fortalecimiento de nodos logísticos estratégicos para reducir costos y mejorar la competitividad regional (sin especificar cuáles y dónde); la ampliación de redes de agua potable y saneamiento en la región puneña (también sin precisiones).
Finalmente se plantea un cuarto eje, poco claro y tan genérico como injustificable: “el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Provincia para la gestión del sector minero, incorporando criterios de resiliencia climática y sostenibilidad ambiental”.
Durante el tratamiento del proyecto, una de las principales objeciones de la oposición fue que no se determinan los intereses de la nueva deuda pública provincial.
OTROS USD150 MILLONES
El segundo proyecto, tratado sobre tablas -es decir a las apuradas-, autoriza al Poder Ejecutivo provincial a emitir un título de deuda pública por ciento cincuenta millones (U$S 150.000.000), destinado a la cancelación de los servicios pendientes correspondientes al Título Público Plan Bicentenario, un crédito contraído en el año 2016 durante el Gobierno de Urtubey y refinanciado en 2020, durante el primer Gobierno de Sáenz, mediante Ley provincial 8198.
El artículo tercero de la iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo podrá designar al Banco Macro como agente colocador de los títulos públicos de deuda pública provincial, con lo cual se le asegura un nuevo negocio al Agente Financiero de la Provincia.
El endeudamiento de 150 millones de dólares, también fija como garantía de pago los ingresos de la Coparticipación Federal de Impuestos.