El ministro de Salud Publica volvió cuestionar el rol de la ONG que desarrolla su trabajo en el norte de Salta, paralelamente, desde el Ministerio de Gobierno, se destinaron recursos oficiales en capacitar a agentes de la mencionada organización.
Un nuevo desacople se pone en evidencia en el seno del Gabinete provincial, gira en torno a las tareas que desarrolla una ONG como la Asociación Civil “Pata Pila”. Este lunes, en radio Cadena Infinito, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, ratificó los cuestionamientos a ese organismo privado, por apostar a un trabajo no coordinado con los organismos oficiales, especialmente con la Cartera Sanitaria.
Casi simultaneo, desde el Gobierno se informó oficialmente este lunes que “Integrantes de la asociación civil Pata Pila adquieren herramientas para abordar casos de violencias de género”, tarea asumida por la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que está cargo de Itatí Carrique y depende del Ministerio de Gobierno, conducido por Ricardo Villada.
En el mismo informe se especificó que a los integrantes de Pata Pila, se brindó capacitación para la “promoción de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+; en este caso, con una ONG que está prestando servicio en Tartagal y Santa Victoria Este, para que sepan cómo actuar ante un caso”.
Se agrega en tal sentido que la Secretaría “fortalece la articulación con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a los fines de avanzar en el cambio cultural necesario para una vida libre de violencias y discriminación”.
Sin dudas que las tareas de capacitación son muy importantes porque el drama de las comunidades originarias del norte de Salta no se reduce a la indigencia, la falta de agua potable, la desnutrición y la mortalidad infantil, sino también las problemáticas abordadas por la Secretaria de la Mujer.
Sin embargo, es necesario que desde el Gobierno no se emitan señales ambiguas y se precise el carácter del vínculo entre la ONG en cuestión y el Estado, sobre todo, si se destinan fondos públicos para capacitación.
No es un detalle menor que el Poder Ejecutivo Provincial haya propuesto una ley que no llegó a ser tratada, que regula la acción de las ONGs en las tareas de las comunidades indígenas.
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