Entre la opinión de funcionarios que no funcionan y la dependencia de estos que se advierte en algunos legisladores, el colapso en la prevención de la violencia y en la prestación de un servicio esencial como Seguridad, sigue sin resolverse.
En la Legislatura, se debate desde el año pasado, un proyecto para modificar la Ley 7.888, de Protección contra la Violencia de Género. La iniciativa consiste en “Imponer consigna policial fija, personal y/o ambulatoria al agresor denunciado, de acuerdo con lo que el Fiscal o el Juez considere pertinente, para mayor protección a la víctima”.
El proyecto fue aprobado en Diputados durante 2020 por iniciativa de la diputada Silvia Varg y pasó al Senado en revisión, donde se le acumuló un proyecto de similar tenor, de autoría de la senadora Silvina Abilés.
Finalmente, en la Cámara Alta, el tratamiento tuvo lugar el 2 de septiembre de 2021, y al haberse aprobado con modificaciones, volvió a Diputados en revisión.
La enmienda es menor y no cambia el sentido de la sanción original, por lo cual, teniendo en cuenta el recrudecimiento de la violencia de género en Salta y el problema de la inseguridad, sería importante un viraje para que la nueva conducción del ministerio de Seguridad cuente con más herramientas para dinamizar el área de Seguridad.
Recientemente, se supo que en uno de los casos de violencia de género de relevancia, donde el acusado es un abogado muy relacionado con ciertos sectores influyentes, al haber sido denunciado por amenazas por tres mujeres, para las consignas se destinan tres policías por turno, es decir 9 por día.
De acuerdo a datos oficiales, el 27 por ciento de los efectivos policiales en servicio (más de 3 mil) están afectados a consignas policiales en resguardo de la víctima.