La comunidad indígena diaguita de Las Pailas denunció que la jueza ni siquiera notificó la decisión. Violentaron a niños, adultos y ancianos avasallando incluso derechos constitucionales. Silencio cómplice en el oficialismo mientras el gobernador se mostró cantando en Tartagal.
En horas de la mañana del 12 de junio un operativo de aproximadamente 600 uniformados entre policías e infantería se desplegó de manera violenta en Territorio de la Comunidad Originaria Diaguita Kallchaki Las Pailas para ejecutar un desalojo, que los organismos oficiales y la misma comunidad califican de ilegal.
La acción fue ordenada por la Jueza María Fernanda Diez Barrantes del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5, quien ignoró presentaciones del Instituto Provincial de Pueblos Originarios (IPPIS), de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, de la senaduría provincial y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y negó la comunicación con la autoridad municipal y el diputado provincial, avanzando con una medida que contradice el fallo de base y viola los Derechos Constitucionales de la Nación Argentina que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas preexistentes.
El desalojo habría sido ejecutado con el único fin de favorecer a la terrateniente Florencia Wayar y familia, quien pretende usurpar territorios de posesión ancestral Diaguita. La acción afectó a toda la comunidad, al Pueblo Diaguita en general, ya que altero el orden colectivo, arrasando con rastrojos de siembra, animales y el trabajo comunitario.
Entre las personas desalojadas se encuentran adultos mayores de avanzada edad, familias con niñas y niños pequeños, y personas con discapacidad, quienes fueron expulsadas de sus hogares sin posibilidad de resguardar sus pertenencias ni sus medios de subsistencia.
El impacto de este operativo ilegal no se limita a lo territorial y económico. A las familias se les niega el acceso a sus cosechas y a los potreros cultivados que constituyen el alimento y sostén cotidiano, sino que también afecta a sus crianzas de animales, los cuales quedan deambulando por los cerros sin contención ni cuidado.
Niñas y niños de la comunidad vivieron horas de extrema tensión y dolor, marcadas por la presencia policial y la violencia de ser arrancados de sus hogares. «Solo sabemos vivir de lo que cosechamos, de lo que nos dan nuestros animales», expresaron integrantes de la comunidad.
El operativo se ejecutó sin aviso previo y con una irregularidad jurídica flagrante: la orden de la jueza contradice el propio fallo que le sirve de base. A esto se suma que la magistrada ignoró sistemáticamente todas y cada una de las presentaciones realizadas por los sujetos de derecho involucrados, incluyendo organismos provinciales y nacionales con competencia directa en la materia.
El Derecho Indígena está consagrado internacionalmente —entre otros instrumentos, en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas— y ha sido ratificado en el ordenamiento jurídico nacional argentino. Su violación no es un hecho menor, es una afrenta al Estado de Derecho.
La Comunidad Diaguita Kallchaki ha resuelto declararse en Asamblea permanente para analizar las acciones a seguir y defender su territorio, su cultura y su modo de vida.
Lo que hoy sufrieron las familias Diaguitas en Las Pailas no es solo el despojo de una vivienda. Es la negación de una identidad, de un sistema de vida y el derecho a un Buen Vivir en el propio territorio.
Fuente: Unión Pueblo Nación Diaguita