La fiscal de la causa, Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se excusó y renunció en uno de los casos que tiene a María Livia de un lado y Monseñor Cargnello del otro. Desde la Procuración deberán designar una nueva o un nuevo fiscal, para esta investigación en la que -cabe destacar- ya se había excusado también la primera jueza.
De nada sirvió la intervención del Vaticano, puntualmente del mismísimo Papa, para frenar la escalada del conflicto.
Desde Roma, Francisco designó al sacerdote Javier Belda Iniesta como una especie de mediador, fundamentalmente para mitigar el impacto mediático de las acusaciones. Pero lo cierto es que en Salta todos saben que Belda Iniesta fue uno de los escuderos del exobispo de la ciudad salteña de Orán, Gustavo Zanchetta, acusado por dos abusos sexuales y recibido como una especie de exiliado religioso en el Vaticano.
Galliano apareció públicamente el pasado 8 de diciembre, luego de dos años, y en medio del recrudecimiento de su conflicto con la Iglesia Católica. El Vaticano no reconoce ni las apariciones, ni la devoción de los fieles, ni la influencia de María Livia; y tampoco acepta que las monjas del convento hayan decidido apoyarla.
Más allá de esto, la Iglesia -institución ruin manchada con decenas de denuncias de abuso sexual en su interior- de forma permanente intenta involucrarse en las celebraciones de la Virgen del Cerro, en la misma eremita que desconoce como centro espiritual o religioso; en el discurso, se enfrentan con María Livia, pero en la práctica envían sacerdotes para celebrar las misas en el cerro.
Fue en este contexto que las carmelitas denunciaron por violencia de género al arzobispo Cargnello, y lo acusaron de hostigarla con mecanismos de acosos y daños sistemáticos, tanto físicos, como económicos, y verbales. Por este motivo, el líder de la iglesia en Salta recibió la prohibición de acercarse al convento.
Cargnello respondió con otra denuncia, solicitando a la justicia local que investigue la administración de los fondos del convento, cuya gestión es independiente de la Iglesia, aunque deben presentar balances al arzobispado. En rigor, los fondos están integrados por un puñado de alquileres que son administrados -según explican las monjas- por el marido de María Livia, Carlos Obeid, quien “lleva las cuentas” en una actitud de solidaria feligresía.
Esto fue lo que señaló la priora María de los Ángeles en su declaración judicial, cuando recibió a la jueza Ada Zunino entre los silenciosos muros del convento; ratificó que la denuncia que pretende establecer una malversación es en realidad una persecución de Cargnello y reclamó que el Arzobispo reintegre a las hermanas carmelitas un préstamo de nueve mil dólares, que tomó en 2001, y que nunca saldó. Este préstamo, inclusive, fue reconocido por el propio Cargnello.
Pocos días atrás, la fiscal de la causa, Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se excusó y renunció. Por lo que desde la Procuración deberán designar una nueva o un nuevo fiscal, para esta investigación en la que -cabe destacar- ya se había excusado también la primera jueza.
La fiscal renunció luego de la declaración de la hermana María de los Ángeles, alegando que los abogados de las monjas “utilizaron términos agresivos e irrespetuosos (…) inapropiados en mi condición de Magistrada y, principalmente, de mujer”, según el documento donde explica los motivos de su renunciamiento, y que la propia fiscal habría filtrado al diario ultracatólico y macrista La Nación.
“En efecto, los letrados mencionados no dudaron en utilizar palabras ofensivas no solo para fundar la supuesta falta de objetividad y lealtad procesal, sino también para ofenderme en mi persona, generando ello un conflicto emocional para seguir interviniendo en las presentes actuaciones”, señaló la fiscal en el texto publicado por el diario porteño, que forma parte de una cadena de artículos sobre el tema, con una clara tendencia pro Cargnello.