La joven diseñadora fue vista por última vez en Salta. Desde entonces, ni el gobierno de Urtubey ni el de Sáenz han mostrado un compromiso serio para esclarecer el caso. A más de una década, la impunidad sigue intacta.
El 8 de julio de 2011 fue la última vez que se tuvo registro concreto de María Cash, la joven diseñadora porteña que había partido rumbo al norte argentino. Fue vista por última vez en una ruta de nuestra provincia, en circunstancias que todavía hoy están rodeadas de interrogantes, inconsistencias y una alarmante falta de respuestas por parte del Estado.
Durante los años del gobierno de Juan Manuel Urtubey (2007-2019), el caso fue tratado con formalismo y desinterés. Pese a que la desaparición de María Cash generó conmoción nacional, la estructura de búsqueda fue precaria y desorganizada. Se actuó tarde, mal y sin coordinación entre fuerzas de seguridad, y se permitió que pistas fundamentales se perdieran en el tiempo.
Con la llegada de Gustavo Sáenz a la Gobernación, muchos esperaban un cambio de actitud. Sin embargo, la gestión actual no ha hecho mucho más que la anterior. No hubo avances significativos, ni siquiera una revisión profunda del accionar policial o del rol de la Justicia salteña en esos primeros días, claves para una búsqueda efectiva.
El padre de María, que murió sin saber qué pasó con su hija, fue quien encabezó durante años la lucha. Él fue el verdadero motor de la búsqueda, frente a un Estado que pareció más interesado en cuidar su imagen que en encontrar a una ciudadana desaparecida. La familia Cash cargó sola con el peso emocional, económico y judicial de un caso que debería haber sido prioridad.
A lo largo de estos 14 años, aparecieron supuestas pistas, testimonios contradictorios, imágenes poco claras y muchos silencios oficiales. Todo terminó contribuyendo a una sensación de impunidad que duele. La falta de voluntad política, de recursos técnicos y de empatía institucional ha sido constante. A cada aniversario, las promesas vacías se repiten como un guion gastado.
Hoy, como cada 8 de julio, la pregunta sigue intacta: ¿dónde está María Cash? Y también, una certeza incómoda: los gobiernos de Urtubey y el de Sáenz no estuvieron a la altura de la respuesta que la sociedad exige y que la familia necesita y merece.