La administración racional es un proceso que tiene diversas etapas: la primera es la planificación y la última es el control. Lamentablemente el Gobierno de la Provincia de Salta a partir del año 2008 y hasta el presente, ha ido abandonando las buenas prácticas de la administración para transformarse en un mamarracho, sin planificación y sin control, sin otro rumbo que no sea gobernar en la autocracia, para quedarse en el poder y con crecientes sospechas de corrupción. Por Carlos Zapata*
Las medias verdades, o sea las mentiras, son las características de estos procesos que mantienen la mirada del ciudadano distraída y narcotizada, con mensajes de esperanza, alentados por una realidad que solo existe en los medios pagados con dinero del público, que poco tiene que ver con el real constante deterioro de las condiciones de vida; la vigencia de los valores morales y sociales; y el avance de la corrupción alrededor de la administración de la cosa pública.
La república aparente es la forma de gobierno de nuestra Provincia, aunque la realidad indica que de república hay poco y lo que sobra es la prepotencia, la mentira y la ignorancia. Prueba de lo expresado son los tristes acontecimiento que rodean la selección de dos auditores generales de la Provincia que ha tomado estado público en los últimos días.
La Constitución de la Provincia prevé la existencia del control de la labor que lleva adelante el administrador. Eso está previsto en el artículo 169, donde el control ha sido dividido en dos aspectos: el control interno y el control externo. El primero está a cargo de la Sindicatura y el segundo está a cargo de la Auditoría General de la Provincia.
Al momento de tratarse la Reforma Constitucional que llevó a la vigencia del texto actual, el miembro informante fue el contador Narciso Ramón Gallo, y en su exposición que puede ser consultada en las versiones taquigráficas, se puede apreciar cuál era el objetivo del cambio en la forma de controlar la Hacienda Pública: crear un organismo cuyos cargos estén cubiertos por personas capacitadas, que mantengan independencia de criterio con el poder político y, sobre todo, independencia en relación al Gobierno y a la parte política de quien gobierna.
La definición de auditoría lo expresa con claridad: es un proceso realizado por un profesional independiente. La independencia esa significa prescindencia de vínculo entre quien ejerce el trabajo y los distintos aspectos del trabajo, es decir, sobre la cosa y las personas que se ha de auditar. En nuestra Provincia, esta cláusula constitucional ha sido reglamentada por la Ley 7103. Lamentablemente, la Legislatura de Salta avanzó sobre el objeto original ,o la voluntad de los constituyentes, en el sentido de que, mientras los constituyentes -de acuerdo a lo que dice la versión taquigráfica- buscaban un control independiente, los legisladores, al reglamentar este artículo, le quitaron en cierta medida la independencia, porque independencia significaba, desde mi punto de vista, la ausencia de la política o de la voluntad de quienes estaban llamados a administrar el Estado en la designación de los auditores.
La Ley 7103 le agregó este ingrediente que vino un poco a empañar lo bueno que tenía la expresión, o la búsqueda, de una mejor administración por parte de los constituyentes que sancionaron el texto vigente. Esta ley establece que al menos dos de los integrantes del Colegio de Auditores deben reflejar la propuesta de la oposición política. Este artículo 169 excluye al Poder Ejecutivo, el principal centro de atención o de labor donde se ha de desarrollar la auditoría, del proceso de designación de los auditores.
Este proceso de selección empieza por la Comisión de Auditoría, que se crea en el ámbito de la Cámara de Diputados, la cual tiene que estar compuesta no solo por los oficialistas, o sea, aquellos diputados que estén alineados con algunas fuerzas políticas que son aliadas del gobernador, sino también por miembros de la oposición, que es lo razonable. En todo sistema democrático gobierna la mayoría con participación de la minoría. La exclusión total de la oposición del proceso de la administración de Gobierno o de control, significa generar las condiciones para el desarrollo de la corrupción.
Este año venció el mandato de tres auditores y durante diciembre vencen los dos restantes. Los tres auditores fueron designados a propuesta del oficialismo, o sea, de las fuerzas políticas que rodean y ayudaron al gobernador a alcanzar el poder y hoy lo acompañan. La mejor forma de ver esto es mirar cómo se han conformado las alianzas en las pasadas elecciones provinciales. En consecuencia, si se respeta el artículo 36 de la ley, los dos cargos que vencen en diciembre deberían reflejar la propuesta de la oposición política. ¿Cómo se hace para reflejar la propuesta de la oposición? Haciendo que la oposición política sea quien proponga los nombres. Pero no puede ser cualquier persona, la Constitución establece claramente los requisitos: tienen que ser profesionales en Ciencias Económicas o en Abogacía; tener especialidad en auditoría, en control y en administración financiera.
Desde el Gobierno de Urtubey, el cumplimiento de esta cláusula ha ido deteriorándose, se han designado personas que, si bien tenían título de Ciencias Económicas o de abogacía, no eran personas capacitadas y carecían de conocimiento para desarrollar la auditoría. Eran profesionales sí, en las carreras que habían cursado y obtuvieron el título de grado, pero algunos no tenían ni administración financiera y ninguno tenía conocimiento de auditoría, salvo en el caso del contador Ramón Muratore, que concluyó su mandato este año.
También, se incumplieron las condiciones adicionales impuestas por la ley, una de ellas haber ejercido la profesión durante diez años. Este fue el caso del auditor San Millán, cuyo mandato vence ahora en diciembre. Él no reunía este requisito, no podía acreditar el ejercicio de la profesión durante diez años y esto, porque siendo profesional en Ciencias Económicas, la acreditación tenía que estar dada a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
En Salta no se puede ejercer la profesión de Ciencias Económicas si no se está matriculado, porque si no se está matriculado y se ejerce o se hace un trabajo, se incurre en el ejercicio ilegal de la profesión. Ese fue el caso de San Millán, pero no obstante ello, avanzó el poder político, le cambió el significado y llegaron a interpretar que, por el hecho de ser empleado público, o legislador, o integrando una comisión, se podía dar por cumplido este requisito.
Pero el avance sobre la racionalidad, sobre lo moral y sobre lo que corresponde al sano ejercicio del poder, ha llegado en estos días a niveles violatorios de la Constitución, sobre todo, al sentido común en un atropello a la confianza de la ciudadanía en sus legisladores, que se comprometen en su juramento a respetar y a hacer respetar la Constitución.
Entonces, corresponde a la oposición política proponer los nombres de las personas que han de cubrir los cargos que vencen en este mes de diciembre para la Auditoría General de la Provincia, por supuesto, cumpliendo los requisitos: ser profesional; conocimiento en auditoría y, por sobre todas las cosas lo que dice la ley sobre los años de ejercicio.
Sin embargo, como por arte de magia, luego de la renovación parcial de la Cámara de Diputados se constituyó la Comisión de Auditoría, donde no se identificó con claridad en su composición la presencia de miembros de la oposición política. El único que podría ser identificado de esta manera, no firma la resolución que lo propone. Es una resolución incausada desde el punto de vista del Derecho Administrativo y podría ser reputado nulo de nulidad absoluta porque no expone y omite hechos reales, como que al momento de reunirse esta comisión, ya había dos propuestas realizadas por dos sectores de la oposición política: una realizada por gente que integra el Frente de Todos en Salta y la otra realizada por mí en abril, que fue ratificada luego de conocido este atropello que llevó adelante en la Cámara de Diputados la Comisión de Auditoría.
Al ser inquirido el diputado Rallé, el presidente de la Comisión de Auditoría, sobre las quejas que venimos planteando desde la oposición por la arbitrariedad con la que se han movido y lo inconsulto e irracional de proponer a esas personas que no representan a la oposición política, llegó a decir que la oposición no se ponía de acuerdo. El diputado Rallé evidentemente quiere dar la espalda o meter la cabeza como los avestruces debajo de la tierra y pretender que todos creamos que la realidad que él quiere dibujar, es la realidad imperante.
La realidad es otra distinta, la oposición política ha cumplido en tiempo y forma, antes del vencimiento, en mí caso en abril y en el caso del diputado Hernández Berni luego del 24 de noviembre, ha cumplido acabadamente con el requisito de proponer reemplazantes en la Auditoría. Sin embargo, el diputado Rallé y la gente que lo sigue, encolumnado a la voluntad del gobernador y del elenco gobernante, han llevado esta propuesta que es totalmente reñida con la verdad y apartada de la realidad, pero también apartada de lo que es una sana, honesta y transparente administración.
Han propuesto a un señor que ya venía en la Auditoría, Segura Alzogaray y han propuesto a la señora Elsa Pereyra Maidana, dando muestra clara de la vinculación que ha existido de la candidatura de la segunda, mostrada como independiente en la elección nacional con el Gobierno de la Provincia. ¿Acaso esta es la retribución de haber apoyado y haberse prestado a actuar dividiendo a la oposición para que el kirchnerismo obtenga las dos bancas a diputados nacionales? Los hechos irán confirmando esto, pero desde mi punto de vista, esto claramente es un pago de favores, nombrando una persona con antecedente desconocidos en la materia y de dudosa independencia de criterios. Tenemos que recuperar la república y desde la oposición lo venimos planteado. Sistemáticamente, desde el Gobierno dicen cualquier cosa que no tiene nada que ver con la realidad y pretenden cubrir con un manto de engaño y de mentiras la tropelía que se está llevando adelante.
El expediente ha pasado al Senado y los senadores dicen que le van a dar correcto tratamiento. ¿Cómo puede darle correcto tratamiento en el Senado a un expediente que tiene falsedad ideológica? Esto tiene falsedad ideológica porque su contenido no corresponde con la realidad. La oposición política nominó a otras personas y estos fueron nominados por el oficialismo. Lamentablemente, en la Provincia de Salta, si no nos unimos en defensa del orden; en defensa de la institucionalidad y sobre todo en la lucha contra la corrupción, este tipo de cuestiones van a seguir sucediendo, se van a empoderar a auditores que no van a auditar como vino sucediendo durante los últimos 14 años y la Provincia de Salta pasará a ser una especie de isla, donde la irregularidad en el manejo de la cosa pública sea la constante.
- Diputado nacional por Salta