El abogado especializado en derechos humanos, Oscar Guillén, analizó la situación planteada tras la visita institucional de parlamentarios a Astiz y otros represores. Planteó que desde hace décadas hay un interés del mundo civilizado para combatir estos crímenes atroces y crueles y ante esto, alguien los reivindique es muy preocupante.
Oscar Pedro Guillén es abogado (UNT), cursó estudios de posgrado en Derechos Humanos en la Universidad de Castilla de La Mancha y en el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos de Costa Rica. Fue entrevistado en el programa “Primera Tarde”, por radio Infinito y abordó la situación planteada a partir de la visita de legisladores de LLA, a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad:
– ¿Qué análisis hace sobre el debate que se busca reabrir tras la visita de diputados nacionales a represores condenados?
– Ha sido un enorme progreso democrático, en cumplimiento con compromisos internacionales, arribar a condenas que han sido trabajosamente impuestas ante un fenómeno tan generalizado como fue el terrorismo de Estado y estos gestos son un claro retroceso democrático y en la posición que ostenta Argentina a nivel mundial, en formar partes de equipos de trabajo para renegociar protocolos facultativos, actualizar tratados de Derechos Humanos y ahora nos damos con un vuelco, como ha sucedido otras veces.
Recordemos que somos un país que tiene estos cimbronazos, cuando se dictaron las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida y los indultos presidenciales, que habían sido precedidos por un ejemplar Juicio a las Juntas Militares y parece ser que la historia ahora da otro giro en la dirección menos esperada y muy reprochable de incumplimiento de compromisos internacionales y una especie de apología de un pasado que como sociedad, ya fue condenado.
Un especialista como Roberto Garretón, hablaba siempre de la necesidad de evitar la impunidad ética e histórica, distinta de la impunidad penal. Hay mucha gente que cometió crímenes de lesa humanidad, falleció y terminó impune, ahí se produce una impunidad de tipo penal es decir en la imposición de una pena, pero lo que hay que evitar es la impunidad ética, es decir que no se reivindique socialmente, ni se imponga un modelo en que se pueda rescatar los hechos cometidos durante una dictadura y esto contra lo que pelean los organismos de Derechos Humanos, buscan consagrar en la memoria de toda la sociedad la condena enfática a los crímenes de lesa humanidad.
Vamos a asistir en los días que siguen a algunas demostraciones más de ese pasado que creíamos ya enterrados por la conciencia social y política argentina.
– ¿Por qué son permeables estos discursos que parecían cosa juzgada?
– Nunca ha habido un acto de constricción en muchos sectores de las fuerzas armadas y de grupos concentrados, por eso se acierta cuando se habla de un golpe cívico-militar, hubo intereses que sostuvieron esa dictadura al precio que tuvo, de vidas humanas, de crímenes de lesa humanidad, esos sectores siempre pensaron igual, nunca hubo un acto de culpa y reconocimiento, por el contrario, como ocurre en muchos casos parecidos en el mundo, quienes cometen estos hechos lo hacen siempre en nombre de la patria, de alguna etnia, de algún dios y normalmente invocan ese carácter de salvadores de otra etnia o sistema político.
El mesianismo es el que lleva a justificar los medios persiguiendo esos fines fundamentalistas. No hay genocida que reconozca que ha cometido un crimen y hay sectores sociales que se beneficiaron con esta dictadura, que estaban entre nosotros minoritariamente y ahora aparecen al calor de un Gobierno que no condena los crímenes como debería, de modo que vamos a asistir en los días que siguen, a algunas demostraciones de simpatía por el terrorismo de Estado.
– ¿En términos penales qué implica la figura de genocidio?
– Fueron términos acuñados a nivel internacional por el Tratado de Roma (1998) y la Corte Penal Internacional de Roma, fue el primer intento de la humanidad de consagrar crímenes que no pueden ser amnistiados ni indultados.
Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, que pueden ser de guerra, genocidio, hay varios, hablamos de lo siguiente: si yo lo mato a usted, cometo un homicidio y la víctima es usted, pero si mato a todos los que son como usted por profesar su misma religión, ideas políticas o pertenecer a una etnia o minoría sexual, ahí la víctima y la ofendida es la humanidad, la conciencia de la humanidad.
Si además hay un empleo y aprovechamiento de medios estatales, clandestinidad en los hechos, hay elementos y rasgos que convierten a esos hechos en crímenes contra la humanidad. Es como que la organización social se vuelve cancerosa y decide eliminar a algunos de los medios de ese sector social.
Se han cometido desgraciadamente muchos genocidios, en particular en el siglo XX, y todos recordamos como legado de la Segunda Guerra, los juicios de Nuremberg y la creciente sanción de normas de contenido internacional para reprimir los delitos y que la soberanía de los estados no sea motivo para evitarlo, por lo que se instalaron tribunales como el Europeo de Derechos Humanos, en América la Corte de Derechos Humanos en Costa Rica, la Corte Penal Internacional, algunas cortes ad hoc como las de Ruanda y la de la ex Yugoslavia.
Hay un creciente interés del mundo civilizado para combatir estos crímenes, que son generalizados, atroces, crueles y con empleo de medios públicos. Que ante esto, alguien los reivindique es muy preocupante, es un síntoma social que nos debe poner alerta a todos, para no admitir esta claudicación que se nos presenta.
– ¿Dónde falla la formación escolar, académica o institucional, para que se bastardee la figura de los derechos humanos y se desconozca su origen histórico?
– Buscar una causa sería un error, es un fenómeno multicausal, una de ellas probablemente sea la falta de educación en valores y en derechos, en particular en derechos humanos. Este es un propósito del Instituto Interamericano que no siempre se cumple.
Hay universidades en Argentina que profesan alguna fe en particular, en las que directamente no existe la disciplina de derechos humanos, no se enseña, se dice algo en derecho constitucional y otro poco en derecho internacional, pero no tiene la disciplina que debiera gozar, ni una autonomía científica, didáctica y pedagógica.
Por otro lado, creo que hay mucha gente que tiene una ideología que por más que se le pueda enseñar tratados de derechos humanos, tienen la propensión a no compartirlos. Me pasa, me siento en cafés o en clubes y aparece este concepto sesgado de que los derechos humanos son para delincuentes, cuando son para todos, el ejercicio y el respeto de éstos hace a las sociedades mejores, más solidaria y más igualitarias.
Se plantea el respeto por el otro, por la religión, la opinión, las ideas sexuales que pueda profesar el otro. En tanto que los fenómenos políticos de derecha quieren ampliar la punición y lo practican, proponen dificultar excarcelaciones y bajar la edad de imputación penal.
Se está hablando ya de bajar hasta los trece años, si siguen así habrá punibilidad a los nueve años, lo digo exagerando, pero soy consciente. Parece ser eso atrae opiniones, gusta que los presos estén las cárceles repletas y que quien esté allí sufra mucho y ni siquiera coma.
Pareciera que el molde a aplicar es el de Bukele, quien detuvo a miles personas sin juicio, eso es lo que hoy se presenta como el paradigma de seguridad estatal, y es muy preocupantes.
Hay muchas causas, pero mientras imperen ideas extremistas y de derecha, vamos a tener esta tensión, esperemos que prevalezcan las ideas democráticas de convivencia, de respeto y de tolerancia, evidentemente estamos ante un proceso preocupante.
– ¿Qué rol desempeña y cómo lo hace la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU?
– Se hace lo que se puede, ocurre que como decía Roberto Garretón, cuando se negocian tratados de derechos humanos o se denuncias violaciones masivas de éstos, estamos en presencias de estados y los estados tienen intereses muy concretos y se abroquelan por intereses económicos, por mercados compradores y vendedores.
Tampoco tenemos que darnos el lujo de cuestionar los enormes progresos que hubo, hoy el mundo no es como era en 1940 o 1950, cuando un defensor de derechos humanos no tenía nada con qué batallar. Hoy tenemos leyes, constituciones, tribunales internacionales, supranacionales.
Sin embargo, a nivel local todavía ocurren muchas situaciones de irrespeto, cuando hablamos de derechos humanos también hablamos de respeto por las minorías étnicas, cosa que no profesan los partidos de derecha, también ocurre en Europa, si hay una inmigración africana, son los partidos de derecha o ultraderecha los que criminalizan eso, al igual que la defensa y el derecho a un ambiente sano y la extrema derecha también profesa en contra de esas garantías.
Más de una vez me ha tocado conversar en algunos auditorios y señalo el camino que tuvimos nosotros una vez recuperada la democracia, de pasar a una promesa de revisión total de los crímenes cometidos durante la dictadura, a una ley de Punto Final, que fue una enorme claudicación de un presidente que todos respetamos, luego prosiguió otra ley de impunidad que fue la de Obediencia Debida, lo que produjo un crack entre las organizaciones de derechos humanos y ese gobierno y subvino después un Gobierno que dictó indultos presidenciales.
Mucho tiempo después se reabrieron los juicios, pero a 30 o 35 años de sucedidos los hechos cuando la eficacia en la investigación e imposición de penas no es la misma.
Ahora parece que asistimos a otro movimiento que nos va a desafiar nuevamente a esta apuesta que habíamos hecho los argentinos sobre el Nunca Más.
– Del gobierno provincial se puede hacer un diagnóstico porque transcurre su segundo mandato, durante la pandemia hubo muchas denuncias ¿cómo lo ve?
-La pandemia fue un momento en el que por la inseguridad que sintió el mundo entero, las fuerzas de seguridad tuvieron la palabra.
Las discusiones se produjeron en los retenes, en las rutas y las calles, pero es muy difícil discutir de derechos humanos con la policía que tiene una orden particular, tuvimos que promover amparos, pero la minoría lograron el reconocimiento.
No nos olvidemos que la pandemia provocó el temor al otro, al extranjero que traía el virus que nos mata. El mundo entero estuvo sumido en la inseguridad y el temor y evidentemente hubo un avance abusivo de las fuerzas de seguridad.
Siempre hemos dicho en materia de derechos humanos que cuando hay más estado y mayor control social decrecen las libertades públicas.
Respecto a las políticas de derechos humanos, entiendo que hace tiempo que no se diseñan algunas porque no se las ve ni se conocen los funcionarios.
Hay muchas causas que todavía están en trámite por lesa humanidad, la Provincia tiene el deber ético de ser querellante e impulsarlas, estar presente en los hechos, hay una ausencia en la instalación de políticas de derechos humanos.
Luego del gobierno al que pertenecí, éramos querellantes en la causa Ragone y la Provincia dejó de serlo pese a que se trataba de un exgobernador salteño, hay algunas claudicaciones que son preocupantes, me llama la atención que me pregunte porque el periodismo no se interesa mucho en estos temas y no están en el debate.
Cuando algún exceso o abuso toca la puerta de alguna persona, se acude a los defensores de los derechos humanos, hace tiempo que desde el Estado no se ven las figuras ni las políticas diseñadas para el respeto de las libertades públicas.
– ¿El Centro de Estudios Políticos y de Derechos Humanos sigue funcionando?
– Estamos en su relanzamiento, es muy difícil por los costos. Cuando trajimos a Salta a Eduardo Kimel, todos los periodistas debieran saber quién es, fue quien logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina por un tema de libertad de expresión, lo que hizo que todos los países del continente derogaran la pena de prisión por el delito de calumnias e injurias, es decir que se alcanzó un fallo de alcance hemisférico.
Invité a Kimel a Salta y todo financiamiento para actividades de este tipo trae condicionamientos, me tocó presidir el Centro de Estudios y no he querido aceptar financiamiento en tanto signifique un condicionamiento de apoyo político, pero esto pasa siempre
El sistema interamericano, la Corte y la Comisión, debe ser financiado por los estados que lo formaron, es decir todo el continente excepto Estados Unidos, Canadá y Belice, pero ocurre que luego de celebrar los tratados, entre ellos el del Pacto de San José, los países no financian a sus jueces y muchas veces los fondos vienen de ONGs o de países europeos como Noruega o Finlandia, son tareas ingratas y difíciles de sostener porque cuando aparece un apoyo, aparece un condicionamiento y uno no quiere poner en juego ni en discusión las convicciones, esto cuesta.