Se conocieron más datos sobre el robo de caños del gasoducto del NEA, causa por la que está denunciado el intendente de Aguaray, Jorge Prado. El valor de los caños está valuado en 13 millones y medio de dólares y se habría visto facilitado gracias a una connivencia policial, judicial y política.
El robo de caños que pertenecían a la obra del gasoducto NEA ha sido uno de los grandes escándalos de corrupción de los últimos meses. Y siguen sorprendiendo los datos que surgen de la investigación, pues develan el entramado de un plan, para nada improvisado, que se permitió gracias a una connivencia de la policía, la justicia y el intendente.
Todo comenzó cuando Jorge Prado, intendente de Aguaray publicó la resolución 1215, en la que desafectaba 35 kilómetros del Gasoducto NEA en su jurisdicción y cedió los tubos a una empresa Mendocina llamada OSYP S.A. La justicia ya pudo recuperar unos 5 kilómetros de caños robados, pero la gran parte, 30 kilómetros, no han podido todavía ser rastreados, ya que han sido vendidos en el mercado negro.
El periodista Antonio Oieni, quien está investigando el hecho, por FM Noticias señaló: “Yo he podido constatar por redes sociales que en Mercado Libre los caños se terminaron vendiendo a un precio lineal por metro de 12700 pesos. Es decir que, por cada caño, hay que recordar que los caños miden casi 13 metros, son 3 toneladas, tienen 24 pulgadas de diámetro, es decir unos 60 centímetros de diámetro, terminaron vendidos, cada uno, aproximadamente a 160 mil pesos, un valor mínimo y nada comparable con la finalidad que tenía el Gasoducto NEA”. El mismo periodista expresó además que el robo de caños comenzó en septiembre de 2018, y que la resolución de Jorge Prado sirvió para darle un “marco legal” al robo.
De los avances de la investigación también se supo que los caños, además de terminar en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, algo que ya se sabía, fueron vendidos a Santa Fe, una empresa cuyo responsable es Rodolfo Abella.
Por otro lado, el periodista Oieni ha señalado que son obvias las señales de que existió una connivencia que permitió el robo, pero que también permiten que los responsables sigan en libertad: “Acá hay responsabilidades que trascienden a la fuerza política a la que pertenece Prado. Y basta ver el silencio que tenemos ante los proyectos de intervención que duermen en la Legislatura desde marzo, para darnos cuenta de que acá hay realmente un manto de protección importante”.
Entre los diez nombres imputados en la causa están: Jorge Prado, Vera, Jorge Rossi (empresario, presidente de CoMarfil), los gerentes de la empresa MyP y Bruno Degoy y Milton Saavedra, Andrés Ayala (presidente de Peterser). Según el fiscal Villalba, no existe documentación probatoria para indicar que los caños fueron vendidos y comprados de buena fe.