El cambio en el Ministerio de Salud de Salta generó un respaldo prácticamente unánime a esa decisión política, a pesar del retraso de la misma. El gobierno provincial encara el peor momento de la pandemia con un comando sanitario serio y la posibilidad de que el mismo se extienda al COE. Es momento de la primera planificación.
Sin perjuicio de la prioridad en el ámbito de la Salud, una tarea central es la de definir el programa económico de la Provincia para la elaboración de un Presupuesto que oriente las políticas del actual Gobierno y ratifique los compromisos asumidos que habían trazado la preponderancia de la Salud y la Educación en el inicio de la gestión.
Una de los principales escollos eran los vencimientos de la deuda pública en dólares, este aspecto ya fue resuelto con el respaldo de casi todo el arco político, a partir de la sanción de la Ley de Refinanciación y Reestructuración de la Deuda Pública Provincial, cuyo monto total sólo por los Fondos de Reparación Histórica y Bicentenario, alcanza los 390 millones de dólares.
Otro aspecto a resolver y para el que ya se iniciaron gestiones conjuntas con otras provincias, es la deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que alcanza los 4400 millones de pesos, de los cuales 1669 millones se deben pagar este año de no mediar acuerdo. Tanto el extitular de ANSES Alejandro Vanoli como la actual, Fernanda Raverta, conocen del pedido y la necesidad de Salta.
En otras circunstancias, un vencimiento por 1669 millones frente a un presupuesto inicial de 76.000 millones (tal es el monto sancionado por ley para el ejercicio 2019 y prorrogado para el 2020), no representaría una dificultad tan elevada como sí ocurre en este presente crítico.
El efecto devastador de la pandemia sobrevino a los daños causados por varios años previos de recesión sin que haya cesado el ritmo inflacionario. Según el INDEC, la actividad económica se contrajo 26,4 por ciento en abril de 2020 respecto al mismo mes de 2019 y 17,5 por ciento respecto a marzo último.
En Salta, esos números se traducen en la pérdida de ingresos por tributos provinciales que superan los 7.000 millones de pesos durante la primera mitad del año.
Pasando en limpio
El ministro de Economía Roberto Dib Ashur ya conoce este panorama en detalle. Se sabe, además, lo que implica el efecto coronavirus y cómo impacta en el plano de la economía luego de un semestre de Emergencia Sanitaria.
Del mismo modo, está claro que es imperioso que Nación atienda la demanda de una provincia pobre como Salta, que atraviesa una situación crítica en materia sanitaria y resuelva una amplia refinanciación de la deuda con el FGS. El planteo se presenta como imperioso, sobre todo luego de la asistencia extraordinaria de Nación a la Provincia de Buenos Aires por $ 31.000 millones y más allá de la delicada coyuntura que representa un levantamiento policial con visos de sedición.
En la semana, desde la oposición, el diputado Carlos Zapata advirtió que Salta, con las refinanciaciones y el nuevo crédito por 20 millones de dólares, se acerca a su límite de endeudamiento.
Es fundamental que el Gobernador Gustavo Sáenz intervenga de manera directa en la conducción política de esa elaboración del presupuesto y en respaldo de los dictámenes técnicos del especialista: Roberto Dib Ashur. Lo es porque mucho se dice que en el esquema de poder en el Gabinete Provincial, la última palabra la tienen los Coordinadores, incluso por encima de los funcionarios de las áreas específicas y esenciales como Economía, Salud y Educación.
Por Rodrigo Olivares